El combate de México en contra del narcotráfico generó un aumento de 600 por ciento en las quejas sobre derechos humanos en contra del Ejército Mexicano entre 2006 y 2008, y no quedó en claro que cualquiera de dichas quejas hubieran dado como resultado persecuciones jurídicas, con base en un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre dicho esfuerzo.

El informe de 16 páginas fue entregado al Congreso estadounidense la semana pasada como parte de un programa conjunto para el combate de narcóticos, conocido como la Iniciativa Mérida. Esta iniciativa por 1.400 millones de dólares, aprobada por el Congreso el año pasado, suministra pertrechos y entrenamiento a fuerzas mexicanas de seguridad. Sin embargo, también pide que 15 por ciento del dinero sea retenido hasta que el Departamento de Estado verifique que el gobierno esté cubriendo cuatro requisitos de los derechos humanos, incluido el enjuiciamiento de oficiales de policía y soldados responsables de abusos.

Si bien el Departamento de Estado citó varios ejemplos de progreso, difícilmente fue una brillante aprobación. Además, un senador clave del Partido Demócrata dijo que el informe no había abordado de manera adecuada las inquietudes relacionadas con la impunidad dentro de las fuerzas armadas de México que lo llevaron a amenazar con retener millones de dólares en ayuda de EE.UU.

“Es bien sabido que el sistema de justicia militar es manifiestamente ineficaz”, decía una declaración vertida el pasado martes por el senador Patrick J. Leahy de Vermont, quien preside el subcomité de asignaciones sobre operaciones extranjeras, el cual debe aprobar el desembolso de la ayuda para la Iniciativa Mérida. “Además, es evidente que ni el gobierno mexicano ni el Departamento de Estado han atendido abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, que están participando en una función interna de la policía para la cual están mal preparadas, como una prioridad”.

Este informe elogió el “firme compromiso” del Presidente Felipe Calderón para ponerle fin a una devastadora ola de violencia relacionada con el narcotráfico, la cual ha matado aproximadamente a 7.500 personas en este país desde comienzos de 2008. Los esfuerzos de México, decía el informe, han sido encabezados por aproximadamente 45.000 soldados mexicanos, desplegados para que brinden apoyo y, en algunos casos, reemplacen a abrumadas dependencias de la ley en los ámbitos local y estatal a lo largo del país.

Desde comienzos de 2007, asienta el informe, las fuerzas mexicanas de seguridad han decomisado aproximadamente 65 toneladas de cocaína y más de 4.092 millones de kilos de marihuana. Los decomisos de armas se han disparado hasta 9.500 armas en 2007, respecto de 4.220 en 2006, nota el mismo informe. Además, el gobierno mexicano ha creado mecanismos para facilitarle a la ciudadanía entablar quejas anónimamente en contra de oficiales de seguridad.

Pero a medida que ha crecido la presencia de la tropa en las calles, informó el Departamento de Estado, lo mismo ha ocurrido con el número de quejas en su contra. Entre los años de 2006 y 2008, aumentaron a 1.230, respecto de 182, señalaba el informe. En total, la Comisión Nacional de los Derechos humanos de México (CNDH) ha recibido aproximadamente 2.050 quejas en contra de soldados desde que Calderón asumió el cargo, a finales de 2006.

Con base en dichas quejas, la CNDH – que es financiada por el gobierno mexicano – emitió 26 recomendaciones para un seguimiento hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta secretaría, a su vez, accedió a considerar 25 de ellas. Y debido a que los soldados acusados de abusos generalmente son enjuiciados en tribunal militares a puerta cerrada, fue imposible saber si cualquiera de las quejas había sido castigada.

El informe del Departamento de Estado dice que el titular de una dirección militar de derechos humanos, establecida en últimas fechas, había hallado culpables a 12 soldados desde 2006 y estaba investigando a otros 52 oficiales en conexión con delitos entre los que estaban homicidio, tortura, secuestro y extorsión.

No obstante, el Departamento de Estado reconoció que se sabía muy poco de estos casos.

La semana pasada, en una reunión cumbre a la que asistió el Presidente Barack Obama, Calderón defendió a su gobierno, diciendo que los alegatos sobre abusos a los derechos humanos se estaban investigando con determinación.

El grupo Human Rights Watch, que ha estado documentado abusos en México, respondió horas más tarde con dos casos, ambos del estado natal de Calderón, Michoacán, en los cuales soldados acusados de tortura hace dos años no han sido enjuiciados.

Sobre la cobertura mediática del narcotráfico

El escritor mexicano Juan Villoro pidió a los medios de comunicación repensar la cobertura que dan del narcotráfico en su país, al denunciar que las mafias criminales están imponiendo “la cultura del miedo” porque sus mensajes golpean al ciudadano por partida doble gracias a la prensa.

“Yo creo que habría que discutir mucho la forma en que se está informando de la violencia”, afirmó Villoro en la capital mexicana, donde esta semana presentó la reedición en México de la crónica de viajes “Palmeras de la brisa rápida” y la novela corta “Llamadas de Amsterdam”, ambas de la editorial Almadía.

El articulista del diario mexicano Reforma y del español El Periódico de Cataluña tiene la impresión de que “en ocasiones el crimen organizado golpea dos veces, primero en la realidad y luego en la representación de la realidad”, lo que le permite dominar “el discurso del miedo”.

Recordó, además, que “muchos de los asesinatos que se cometen son asesinatos de autor en el sentido de que tienen una firma especial dependiendo de qué cártel (de drogas) se trate”.

“A veces la exposición indiscriminada a todo esto puede llevar o a la banalización del mal o a la paranoia absoluta y pensar que no hay otras cosas más que el terror”, advirtió.

Este último fenómeno lo sufrió en su propia piel recientemente cuando un hombre le increpó en plena calle solo por mirar su automóvil. También permite que delitos como la extorsión telefónica prosperen, puesto que la gente cree posible la falsa amenaza de secuestro que usan sus autores para conseguir dinero.

“Creo que se debería discutir de manera más amplia hasta dónde se debe llegar en la exposición de la violencia, en las fotografías que se manejan, en la consignación de los hechos delictivos, porque no hay un discurso oponente que esté construyendo de manera simultánea una alternativa y una esperanza”, sugirió.

Admitió que se trata de “una problemática muy grave, muy seria”, ante la cual la sociedad no puede cerrar los ojos, pero señaló que tampoco puede considerarse la única.

La prensa mexicana, objeto de ataques y agresiones que le han costado la vida a medio centenar de reporteros desde 2000, ocho de ellos este año, ha convertido en los últimos tiempos el narcotráfico en el centro de sus informaciones.