El presidente de EE.UU., Barack Obama,
autorizó el jueves la continuidad de la ayuda estadounidense al programa
de interdicción aérea en Colombia contra el narcotráfico, tras
determinar que ese país ha puesto en marcha medidas para proteger la
vida de inocentes.

Así lo informó la oficina de prensa de la Casa Blanca en un
comunicado, en el que manifestó que "no se conocen casos del uso de
la fuerza letal contra aviones civiles inocentes ni de muertes".

La decisión se produce en paralelo a las negociaciones que
realizan en Washington funcionarios de Colombia en el Departamento
de Estado para establecer un acuerdo que permita a Estados Unidos
utilizar hasta siete bases en territorio colombiano para operaciones
contra el narcotráfico y el terrorismo.

Según el documento de la Casa Blanca, el presidente Obama ha
autorizado al Departamento de Estado a que "continúe la asistencia aColombia" para la aplicación del programa de interdicción aérea
contra aeronaves civiles que se sospeche estén involucradas en el
tráfico de drogas ilícitas.

Obama tomó esa determinación tras considerar que "Colombia ha
puesto en marcha procedimientos apropiados para proteger contra la
pérdida de vidas inocentes en conexión con las operaciones de
interdicción" en el país andino, dijo el documento.

Agregó que el Departamento de Estado, respaldado por otras
agencias federales, tiene la capacidad de continuar trabajando con
el Gobierno de Colombia para que se lleven a cabo con eficacia
operaciones antidrogas con estricto apego a los procedimientos de
seguridad previamente establecidos.

La determinación de Obama responde a la cláusula 1012 de una ley
defensa de 1995, en la que el Ejecutivo debe "certificar" la
necesidad de que continúe el programa de interdicción aérea "debido
a la extraordinaria amenaza" que supone el narcotráfico para la
seguridad nacional de Colombia.

Por ley, el Ejecutivo también debe certificar que Colombia ha
puesto en marcha medidas para evitar la muerte de vidas inocentes,
mientras ejecuta el programa de vigilancia contra los
narcotraficantes.

Esas medidas, como mínimo, deben incluir "un método eficaz" para
identificar a las aeronaves y emitir advertencias antes de recurrir
al uso de la fuerza contra de estas si fuese necesario.

Con la decisión de Obama, el siguiente paso es que el
Departamento de Estado la publique en el diario oficial del Gobierno
y notifique al Congreso.

En respuesta al creciente uso del espacio aéreo para el trasiego
de cocaína desde Bolivia y Perú hacia Estados Unidos, el Gobierno
estadounidense comenzó a respaldar, a principios de la década de
1990, los esfuerzos de vigilancia e interdicción aérea de los
Ejecutivos de Bogotá y Lima.

Sin embargo, Estados Unidos suspendió ese apoyo a Bogotá y Lima
en abril de 2001, tras el derribo accidental por parte de la Fuerza
Aérea de Perú de una aeronave civil en la que viajaban misioneros
estadounidenses.

En agosto de 2003, tras acordar nuevos mecanismos de supervisión
y presentación de informes, Estados Unidos y Colombia iniciaron el
programa de interdicción aérea, indicó el documento.