Las Fuerzas Armadas de Honduras
expresaron hoy su respaldo a una solución negociada, en el marco de
la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a la crisis
política del país, causada por el derrocamiento de Manuel Zelaya.

Sin embargo, aclararon, en un comunicado, que esa solución tendrá
que ser apegada a "la Constitución y las leyes", en línea con lo
planteado por el Gobierno que preside Roberto Micheletti, designado
por el Parlamento para sustituir a Zelaya el día de su
defenestración, el 28 de junio.

La institución militar planteó su posición en un comunicado de
tres puntos, fechado el pasado día 24, y cuya validez confirmó hoy a
Efe una alta fuente militar.

"Las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y de las
leyes, por lo cual reafirmamos nuestra subordinación a la autoridad
civil en consecuencia con los principios de legalidad y obediencia
debida", dice la nota.

Agrega: "Respaldamos una solución a la problemática que atraviesa
nuestro país, mediante un proceso de negociación en el marco del
Acuerdo de San José. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo irrestricto
a los resultados de la misma, conforme a nuestra Constitución y
demás leyes".

"Las Fuerzas Armadas como institución nacional cumplen y seguirán
cumpliendo las misiones que le señala la Constitución y las leyes de
la República", concluye el comunicado, que no menciona a Zelaya.

Arias propuso el miércoles, en el Acuerdo de San José, la
reinstalación condicionada de Zelaya, amnistía política, adelanto de
las elecciones de noviembre próximo, una comisión de la verdad y
verificación internacional, entre otros puntos.

Zelaya rechazó la propuesta y dio por fracasado el diálogo,
mientras que el Gobierno de Micheletti insiste en su negativa al
retorno del depuesto presidente, aunque ha dicho que sigue en el
proceso auspiciado por Arias.

Micheletti pasó los otros planteamientos de Arias a consulta con
el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público
y otros órganos del Estado a los que competen las eventuales
decisiones sobre ellos.

Pero, sobre el punto más conflictivo, en diversas ocasiones
Micheletti, su canciller, Carlos López, y otros funcionarios han
reiterado que el retorno de Zelaya es "inaceptable" e "innegociable"
porque violaría la Constitución.

El Gobierno de Micheletti sostiene que los militares derrocaron a
Zelaya en cumplimiento de un mandato de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), a petición del Ministerio Público, por violar la Constitución
al intentar celebrar una consulta para promover una Asamblea
Constituyente, que había sido declarada ilegal y quedó frustrada por
su derrocamiento el 28 de junio pasado.

Micheletti y López reafirmaron esta semana que el Ejecutivo no
puede revertir el proceso que lleva la CSJ contra Zelaya, quien,
señalaron, si regresa al país será detenido porque tiene orden de
captura por delitos cometidos en relación con la consulta.