El quebrantamiento del sistema de
inmigración de Estados Unidos "amenaza con debilitar su economía, y
poner en peligro su diplomacia y su seguridad nacional", según un
informe dado a conocer el miércoles por el Council on Foreign Relations.

"Estados Unidos necesita una reforma completa de sus leyes de
inmigración", según el estudio efectuado por un equipo que
encabezaron el ex gobernador de Florida Jeb Bush y el ex secretario
de la Casa Blanca Thomas McLarty.

Los expertos, entre quienes se cuentan Raúl Yzaguirre, de la
Universidad estatal de Arizona, y Eliseo Medina, del Sindicato de
Trabajadores Unidos de Servicios (SEIU), advirtieron en su informe
que "lo que está en juego es demasiado grande como para que haya un
fracaso".

"Si Estados Unidos continúa manejando mal su política de
inmigración dañará uno de los factores vitales de la prosperidad y
la seguridad del país, y podría condenarse a una disminución lenta y
prolongada de su estatus en el mundo", añade el informe.

En EE.UU. hay, por lo menos, 12 millones de inmigrantes
indocumentados.

Esto, según el grupo de estudio, es dañino para los intereses del
país porque "disminuye el respeto por la ley, crea problemas de
seguridad, debilita los derechos de los trabajadores, pone tensión
en las relaciones con México, y recarga injustamente los servicios
de educación y salud públicas en muchos estados".

El informe reconoce "apropiadamente la necesidad de que EE.UU. dé
un acceso mayor a los inmigrantes, tanto con altas calificaciones
como con bajas calificaciones laborales, al tiempo que fortalece su
control de las fronteras", opinó Jim Pignatelli, vicepresidente del
grupo Mexican and Americans Thinking Together (MATT).

"Nosotros creemos que es esencial que los millones de inmigrantes
indocumentados se incorporen al sistema, que se les exija que se
registren, se sometan a verificación de antecedentes, aprendan
inglés y paguen impuestos", añadió Pignatelli.

El equipo de estudios encabezado por Bush y McLarty se pronunció
a favor de "una política de legalización por méritos, y no una
amnistía, para muchos de los inmigrantes que actualmente viven de
manera ilegal en EE.UU.".

Entre los méritos a tenerse en cuenta, según el grupo, se cuentan
que los jóvenes indocumentados estudien hasta el nivel universitario
o que ingresen a las Fuerzas Armadas y "demuestren buen carácter
moral" para ganarse la residencia legal.

El grupo no recomendó que se permita el ingreso a Estados Unidos
de más extranjeros dentro del programa de "trabajadores huéspedes",
que pueden permanecer y trabajar por períodos determinados y sólo en
el sector para el cual fueron contratados.

Pero sí apoyó una recomendación que en 2006 avalaron los
sindicatos para la creación de una comisión permanente que
establezca los niveles de inmigración de forma relacionada con las
condiciones económicas del país.

Los expertos reconocieron que el país "ha cosechado beneficios
tremendos" por su apertura a los inmigrantes, a los estudiantes y
trabajadores calificados de otros países, pero advirtieron que "la
incapacidad para desarrollar un sistema de leyes de inmigración que
funcione y se aplique amenaza con socavar esos logros".

Uno de los aspectos más controvertidos del informe es el respaldo
de estos expertos al uso de las fuerzas policiales municipales y
estatales en la aplicación de las leyes de inmigración, algo a lo
cual se oponen muchas de esas mismas fuerzas.

Asimismo, apoyan "la aplicación plena de la Iniciativa de
Fronteras Seguras para obtener un mayor control de los límites del
país".