El ministro ecuatoriano de Seguridad Interna
y Externa, Miguel Carvajal, opinó el martes que la demanda de unos
abogados colombianos contra el jefe de Estado, Rafael Correa, es una
"acción política" en respuesta a los actos de la justicia local
contra el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos.

Un grupo de abogados presentó ayer ante la Fiscalía de Colombia
una demanda contra Correa por los presuntos nexos de su Gobierno con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunciaron
que pedirán que sea denunciado ante la Corte Penal Internacional
(CPI) por el delito de "terrorismo internacional".

El jurista Abelardo de la Espriella dijo a la televisión
colombiana que la denuncia también incluye al ex ministro
ecuatoriano Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José
Ignacio Chauvín, para quienes solicitan procesos por el mismo
delito.

"Creo que estas son acciones políticas de reacción a la actuación
del juez de Sucumbíos", dijo Carvajal en la televisión Teleamazonas
al recordar que se dictó una orden de detención contra Santos,
imputado en el caso por el bombardeo a un campamento que las FARC
habían instalado en este país.

Carvajal recordó que en ese bombardeo, ocurrido el 1 de marzo de
2008, murieron 26 personas y ocurrió en territorio ecuatoriano, por
lo cual defendió que sean las autoridades ecuatorianas las que
investiguen el caso.

"Para nosotros este es un proceso que se ha desarrollado en el
ámbito judicial no en el ámbito político. Creemos que el juez y el
fiscal han actuado en derecho", dijo al reiterar que no se trata de
una agresión contra el pueblo de Colombia, con el que -subrayó-
Ecuador ha sido "solidario".

Indicó que el proceso que se ha desarrollado en la provincia
amazónica de Sucumbíos (fronteriza con Colombia) tiene que ser
respondido por los sindicados en derecho y no políticamente.

Carvajal criticó lo que llamó una "actuación autoritaria que
pretende que en Ecuador no se puede aplicar la ley cuando se trata
de autoridades colombianas aún cuando violenten las leyes
ecuatorianas".

"Hay una actuación de un grupo de abogados que, además, tienen
relaciones con el Gobierno colombiano, para involucrar al presidente
Correa y a funcionarios ecuatorianos nuevamente en supuestas
relaciones con las FARC basándose en informaciones absolutamente
cuestionadas por las propias autoridades policiales", dijo.

Se refirió a las informaciones que al parecer se obtuvieron de
los computadores que presuntamente se rescataron del campamento
bombardeado del 1 de marzo, en el que murió el portavoz
internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes".

El ministro pidió "respeto" para las autoridades políticas y
judiciales ecuatorianas y expresó su esperanza de que no se
deterioren más las relaciones entre Ecuador y Colombia.

El presidente ecuatoriano consideró que el traspaso, sin
autorización, de la frontera para atacar el campamento de las FARC
fue una violación a la soberanía de su país por lo que rompió las
relaciones diplomáticas con Bogotá el 3 de marzo de 2008 y estas aún
no se han restablecido.

El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, calificó
hoy a la denuncia de los abogados colombianos como "el cinismo más
grande que hemos escuchado en los últimos tiempos".

"Si hay un Gobierno cercado, aupado, apoyado por el narcotráfico,
la 'parapolítica', es el Gobierno del señor Uribe. Si hay alguno en
el mundo entero que ha tenido esa relación es el señor Uribe y el
Gobierno de Colombia", dijo en el canal Gama Tv.

Añadió que es "una locura" pensar en la posibilidad de denunciar
a Correa ante la CPI por el delito de "terrorismo internacional" e
insistió en dudar de las supuestas informaciones de las computadoras
cuya propiedad se le atribuye a "Reyes".

Patiño dijo que se prepara la respuesta a la acción de los
abogados colombianos.