La concejal María Quiñones-Sánchez dijo estar en desacuerdo con el procedimiento que la Junta de Ética de Filadelfia llevó a cabo para tratar de lograr un acuerdo, antes de que el caso por violaciones a la ley de financiamiento de campañas llegara a la Corte de Pleitos Comunes.

Sin embargo, el caso ya está en esta corte y la Junta dijo a AL DÍA que ellos cumplieron con el proceso debido.

“No me quisieron dar una audiencia, pero ahora me están tratando de enjuiciar en la corte de la opinión pública”, se quejó la concejal.

El pasado 11 de junio la Junta presentó una demanda en la Corte de Pleitos Comunes en contra de Quiñones Sánchez, su comité político “Friends of María”, y su tesorero de campaña Peter Winebrake.

Señala que ellos incurrieron en una violación del llamado “Single Comittee Rule” (Regla de un comité), el cual requiere que las campañas políticas manejen sus finanzas y recaudación de fondos a través un sólo comité político y una sola cuenta bancaria.

Según los argumentos de la Junta de Ética, la campaña de Quiñones utilizó el comité político “New Direction Philly.org” para comprar 10 anuncios de campaña, con un costo total de $12.000.

Quiñones dijo que la Junta de Ética ha operado en la ciudad desde el 2007 con una práctica de llevar “innecesariamente” a personas a litigios, al cuestionar la decisión de dicho organismo de llevar su caso a la corte.

Agregó que pidió audienca pública frente a la Junta, pero que esta le fue negada.

Además, según ella en reuniones con el personal de la Junta previas a la demanda, reconocieron que la violación se trató de un error de buena fe, dado que su campaña nunca intentó esconder la evidencia de lo sucedido.

Según Sean Creamer, investigador de la Junta de Ética, ésta ha tomado la decisión de llevar los casos que investiga a juicio, en vez de realizar un proceso administrativo en el cual las mismas personas de la junta que investigaron el caso serían responables de decidir la culpabilidad de la persona demandada.

“La básico es que no se pudo llegar a un acuerdo porque ellos no estaban dispuestos a admitir que hubo violaciones”, dijo Richard Glazer, presidente de la Junta.

La fecha para la audienca de la concejal en corte aún no ha sido definida y ya no se reunirá con la Junta sino en proceso judicial.

Quiñones también señaló que aunque su oficina se mostró dispuesta a pagar una multa por las violaciones, no quería firmar documento de culpabilidad.

“Técnicamente me hace violar las leyes de ética, y una persona puede venir y demandarme para que yo no pueda terminar el término mío”, dijo.

Esa preocupación surge de un extracto del código legal que dice que cualquier funcionario público que ha violado el código de ética puede perder su puesto.

Aunque ha estado en las leyes desde 1963, esta provisión nunca se ha hecho cumplir, aclaró  Creamer sobre las preocupaciones de Quiñones.

Además, especificó que la concejal está acusada de una violación del código de financamiento de campaña, el cual es distinto al código de ética, que trata con conflictos de interés y falta de transparencia financiera.

Creamer agregó que a pesar de entender la preocupación de la concejal de que alguien intente utilizar ese argumento legal en su contra, “no es una defensa a las violaciones y tampoco es una razón para que la junta no haga cumplir las leyes de financiamiento de campaña”.

La Junta comenzó a investigar  la relación de la campaña de la concejal con New Direction Philly.org en 2008 tras recibir una queja anónima.

Desde su establecimiento en 2007, la Junta ha realizado 35 investigaciones y tiene jurisdicción sobre casi todos los empleados municipales. Además de hacer cumplir leyes de financiamiento de campaña, transparencia financiera y conflicto de interés, da entrenamiento sobre ética.