Los agricultores de Guatemala, agrupados
en la Cámara del Agro, pidieron el martes la renuncia del fiscal general,
Amílcar Velásquez, al que acusan de "inepto" por la falta de avances
en la investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg,
ocurrido hace un mes.

Carlos Zúñiga, presidente de esa organización empresarial que
aglutina a los más importantes terratenientes del país, dijo a
periodistas que el fiscal general ha demostrado incapacidad y falta
de voluntad para esclarecer este caso, en el cual se ha sindicado al
presidente Álvaro Colom.

"Pedimos la renuncia del fiscal general por su ineptitud. Por no
llamar a declarar a todos y cada uno de los sindicados, no importa
si estos son funcionarios o no", señaló Zúñiga.

Agregó que la organización que dirige esta preocupada "por la
lentitud del Ministerio Público" en la investigación de ese crimen,
que provocó una grave crisis política en el país.

La Fiscalía, precisó el líder empresarial, ha demostrado
"incapacidad y falta de certeza sobre la independencia que pueda
tener", por la relación que mantiene con el presidente Colom.

Zúñiga también acusó al fiscal general "de no cooperar con la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala" (Cicig),
que investiga ese crimen.

El abogado Rodrigo Rosenberg, de 48 años de edad, fue asesinado
el pasado 10 de mayo en un barrio residencial del sur de la capital,
por hombres armados que le dispararon mientras paseaba en bicicleta.

En un vídeo póstumo, el jurista responsabilizó de su muerte al
presidente de país, Álvaro Colom; su esposa, Sandra Torres; al
secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y al
empresarios Gregorio Valdez, entre otros.

Este hecho provocó una grave crisis política al Gobierno de Colom
y desató masivas protestas encontradas entre quienes exigían la
dimisión del mandatario para que fuera procesado por las acusaciones
de Rosenberg, y los que rechazaron el contenido del vídeo y le
apoyaban.

El Gobierno insistió en que el asesinato del letrado y el vídeo
forman parte de un complot orquestado por sectores interesados en
perjudicarle.

Un mes después del crimen, en el que también se implicó al
opositor Partido Patriota, y a los directivos del Banco de
Desarrollo Rural, el segundo más importante y solvente del país, aún
no se ha dado a conocer ninguna pista sobre el móvil y los posibles
responsables.

El español Carlos Catresana, jefe de la Cicig, y el fiscal
general, Amílcar Velásquez, han pedido que se les deje trabajar y
han afirmado que hasta que no tengan información concluyente no se
referirán al tema para no entorpecer las investigaciones.