Nicaragua concedió el miércoles el asilo político
al líder indígena peruano Alberto Pizango, refugiado en la embajada
nicaragüense en Lima y acusado de instigar los enfrentamientos que
han dejado al menos 33 muertos.

El embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borge Martínez, informó
hoy en Managua de la concesión del asilo a Pizango, quien se refugió
el lunes en la sede diplomática en Lima, a la espera de que la
cancillería emita un anuncio oficial.

Los delitos de los que se le acusa a Pizango y por los que rige
una orden de búsqueda y captura de la fiscalía de Lima son los de
sedición y homicidio calificado, y ataque a las fuerzas armadas,
cargos que podrían derivar en una sanción de hasta 35 años de
cárcel, de acuerdo con juristas.

Borge señaló que el caso de Pizango "tiene todas las
características de ser un asunto político" y está siendo examinado
por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por el Congreso
peruano.

"Nuestra única alternativa, teniendo en cuenta el espíritu
solidario que tiene el presidente (de Nicaragua) Daniel Ortega con
los que se supone son perseguidos políticos, es otorgarle el asilo
político al señor Alberto Pizango", dijo Borge.

Al ser preguntado si la decisión de otorgar el asilo político a
Pizango complicará las relaciones con el Gobierno del presidente de
Perú, Alan García, Martínez afirmó: "No lo sabemos".

Borge, único superviviente de los fundadores del gobernante
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declaró que pedía
"la comprensión" al Gobierno de Lima por la decisión tomada.

Sin embargo, destacó que "hasta ahora no ha habido ninguna
reacción negativa ni molestia especial de parte del Gobierno de Alan
García".

Sobre un posible traslado de Pizango a Managua, el diplomático
nicaragüense dijo que todo depende de la rapidez con que el Gobierno
peruano otorgue el salvoconducto al líder indígena peruano.

En declaraciones a medios peruanos, el embajador de Nicaragua en
Perú afirmó que Alberto Pizango se sentía "amenazado, perseguido y
buscaba refugio para su protección personal".

Borge señaló que la embajada de Nicaragua no se encargó de
trasladar a Pizango hasta el consulado para refugiarlo, sino que él
llegó personalmente y entró fácilmente en la delegación puesto que
no había "ninguna suspicacia" sobre su persona.

Poco después de que Borge informara sobre la concesión del asilo
a Pizango, decenas de personas celebraron ante la embajada de Perú
en Managua la decisión del Gobierno de Daniel Ortega.

Los manifestantes, entre ellos ciudadanos peruanos y miembros de
la juventud del gobernante FSLN, se mostraron satisfechos en un
comunicado por esta "decisión soberana" del Ejecutivo nicaragüense.

Jorge Bustamante Chávez, de la comunidad peruana en Nicaragua,
dijo a Efe que prepararán la llegada del líder indígena a Managua,
que prevén se produzca en "unos días".

Respecto a este asunto, Borge había asegurado anteriormente que
todo depende de la rapidez con que el Gobierno peruano le otorgue un
salvoconducto al líder indígena para trasladarse a Nicaragua.

Durante la manifestación, que se desarrolló sin incidentes, los
participantes intentaron entregar a funcionarios de la sede
diplomática peruana un comunicado en el que expresan su apoyo a la
decisión del Gobierno de Ortega de otorgarle asilo a Pizango.

Los manifestantes, que también se hicieron acompañar porindígenas de la comunidad nicaragüense de Monimbó, en el sur del
país, dejaron el documento en la embajada, al no recibir respuesta
de ningún miembro de la sede diplomática.

En la manifestación de profirieron gritos de "asesino" contra el
presidente García, a quien compararon con el dictador nicaragüense
Anastasio Somoza Debayle, depuesto por la fuerza de las armas por
guerrilleros sandinistas el 19 de julio de 1979.

También recalcaron que la manifestación no era "política", en
alusión a las críticas que atribuyen el conflicto violento ocurrido
en Perú a una supuesta estrategia de "desestabilización" del
presidente venezolano, Hugo Chávez, en la región.

Ortega es el principal aliado de Chávez en Centroamérica.

Las protestas en el departamento de Amazonas, al noreste de Perú,
comenzaron en abril cuando el Gobierno García promulgó una
legislación que otorga derechos de explotación minera a compañías
extranjeras que, se espera, invertirán miles de millones de dólares
en esa región.

Estas protestas alcanzaron su momento más violento el pasado
viernes, cuando el intento de desbloqueo de la carretera Belaúnde
Terry, en la provincia amazónica de Bagua, derivó en enfrentamientos
que, según cifras oficiales, se saldaron con 33 muertos, disturbios
que Pizango es acusado de instigar.