El dictamen reciente de un juez federal
en Connecticut sobre la ilegalidad de unas redadas de junio de 2007
es una victoria para la comunidad inmigrante, que desde siempre ha
sonado la voz de alarma sobre los atropellos a los derechos de los
inmigrantes.

El juez de inmigración Michael W. Straus determinó la semana
pasada que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE),
violaron los derechos constitucionales de cuatro inmigrantes que
fueron arrestados en una redada en New Haven (Connecticut) en junio
de 2007.

Según Straus, los agentes violaron la cuarta y quinta enmienda de
la Constitución porque entraron a los apartamentos de los cuatro
extranjeros "sin una orden judicial, sin causa probable y sin
consentimiento".

Para el juez, la conducta de los agentes, que entraron por la
fuerza a los apartamentos, no fue aceptable "ni siquiera
marginalmente".

Una de las torpezas de los agentes de ICE fue que se presentaron
en las viviendas de los cuatro hombres pero con una orden judicial
equivocada, es decir con los nombres de gente que no vivía allí.

El error de los agentes de ICE le costó caro al Gobierno, ya que
el juez ordenó suprimir las pruebas recabadas durante las redadas
porque, además, los agentes violaron el derecho de los inmigrantes
al debido proceso judicial.

Ni hablar del pánico que sembraron entre los residentes de uno de
los domicilios. El padre de una menor de edad relató ante el
tribunal el "terror" que sintió su hija de diez años cuando una
agente de ICE la tomó bruscamente del brazo.

Straus se quejó de que los agentes de ICE violaron un aspecto
fundamental de la cuarta enmienda de la Constitución, que
literalmente ofrece a los estadounidenses protección de
allanamientos injustificados.

Para el juez, la cuarta enmienda sin duda permite el derecho a la
vida privada, algo que, a su juicio, fue claramente violado en las
redadas.

En uno de los casos, los agentes siguieron insistiendo en
preguntar sobre el estatus migratorio de uno de los inmigrantes, aún
cuando éste, mediante la traducción de su hijo, les indicaba que no
deseaba responder.

Otro error de ICE fue que no permitió que los agentes
involucrados en el operativo diesen testimonio frente al juez Straus
en un tribunal de Hartford, donde debían someterse al interrogatorio
de la defensa.

Para el juez, el Departamento de Seguridad Nacional "simplemente
no ha logrado sustanciar" sus acusaciones contra los extranjeros.

El fallo de Straus dejó sin efecto una orden de deportación
contra los cuatro inmigrantes, que figuraron entre los 32 arrestados
por ICE en horas de la madrugada el 6 de junio de 2007.

Treinta de los arrestados quedaron en libertad bajo fianza o con
orden de supervisión judicial, y 17 de ellos impugnaron sus arrestos
ante Straus.

Si el Gobierno, en concreto el Departamento de Seguridad
Nacional, decide no apelar el dictamen -algo que no se sabrá sino
hasta dentro de un mes-, entonces sería "como si los arrestos nunca
ocurrieron", dijo recientemente Anant Saraswat, quien representó a
uno de los detenidos.

El fallo de Straus del pasado 2 de junio fue seguido al día
siguiente por otra victoria para la comunidad inmigrante, esta vez
del propio Departamento de Justicia.

El fiscal general, Eric Holder, ordenó la asignación de abogados
competentes para defender a inmigrantes indocumentados en proceso de
deportación.

La orden deroga una resolución de enero pasado del gobierno del
presidente George W. Bush que limitaba el derecho de extranjeros a
exigir una defensa legal competente en proceso de inmigración.

Los grupos defensores de los indocumentados habían criticado esa
decisión por considerar que constituía una virtual discriminación
jurídica dirigida contra los inmigrantes.

En ambos casos, las autoridades judiciales han dejado en claro
que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Constitución, entre
estos el derecho al debido proceso, aplica a toda persona, incluidos
los indocumentados.