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El problema en Latinoamérica es "la impunidad cotidiana"

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Una mujer observa fotografÌas de la defensora de los derechos humanos Norma Corona, asesinada en mayo de 1990 en el estado de Sinaloa, durante la revelación de una placa In Memoriam en la sala de información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

 

La "impunidad cotidiana" sigue siendo un grave problema en América Latina aunque "en los casos más conocidos como el del ex presidente peruano Alberto Fujimori se hayan logrado victorias", señaló el mexicano Xavier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional (AI).

"Lo más grave es el caso del policía o el militar que matan impunemente en países como Brasil o Colombia", dijo Zúñiga, quien se declaró al mismo tiempo decepcionado de que en otro caso célebre, la matanza de la plaza Tlatelolco (México), de la que se han cumplido 40 años, "ningún responsable haya sido identificado ni llevado ante la justicia".

En referencia a este último país y a la utilización de los militares en la lucha contra la delincuencia ligada al narcotráfico, el experto de AI dijo que el Ejército "no está hecho para combatir delitos".

"Además, cuando interviene el Ejército, sus actos son considerados por la justicia militar, algo que para Amnistía Internacional ha estado siempre en el centro de la impunidad", explicó.

Ocurre que "la opinión pública ha sido muchas veces condicionada por la gravedad de los actos cometidos por los narcos para aceptar ciertas cosas", agregó Zúñiga, quien criticó que en México el partido de los Verdes haya reclamado la reintroducción de la pena capital para los narcotraficantes aprovechando la indignación popular.

Preguntado qué habría que hacer en opinión de Amnistía Internacional para reducir la violencia en América Latina, el experto mexicano señaló que "primero habría que limpiar la administración de la justicia".

"La gente no tiene confianza en la Policía ni en la honestidad de los jueces y, al fallar las leyes, se opera un sistema paralelo por el que la gente arregla sus cosas a su manera, fuera del sistema", agregó.

Los gobiernos latinoamericanos deberían invertir mucho más en el sistema de administración de justicia- jueces, Policía y cárceles-, en lugar de en las Fuerzas Armadas, pues "¿dónde está en cualquier caso el enemigo?" como para que haya que dedicarles a éstas presupuestos tan abultados, se preguntó Zúñiga.

El experto reconoció la utilidad de las comisiones de derechos humanos que se han creado en Latinoamérica, que "recaban información, producen informes y hacen recomendaciones", pero éstas últimas "no son vinculantes" y en muchos casos el Gobierno hace oídos sordos.

Explicó que otro problema son las cárceles, que, en América Latina, donde muchas veces no existe ningún control, "matan aún más que la policía".

"Un setenta por ciento de los detenidos no han sido siquiera juzgados y están en prisión preventiva y van a morir en algunos casos acuchillados por otros presos", denunció.

Es preciso, dijo Zúñiga, que "el Estado recupere la confianza de sus ciudadanos, que los gobiernos escuchen a la sociedad civil y se rompa de una vez el actual círculo vicioso".

El informe

El informe de AI señala que muchos países latinoamericanos y caribeños ha emprendido iniciativas para reducir la pobreza en los últimos diez años, pero, pese a ello, "mas de 70 millones de personas siguen viviendo con menos de un dólar al día (..) y es la región del mundo con el mayor índice de desigualdad".

"La extracción de recursos -dice el informe- la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas se acompañaban a menudo de actos de acoso y violencia , pues intereses privados y poderosas empresas incumplían las leyes nacionales e internacionales en su propio beneficio."

Se refiere, por ejemplo, al caso de Colombia, donde el conflicto interno armado ha permitido "homicidios y desapariciones forzosas que tenían como objetivo expulsar a grupos de civiles de zonas de importancia económica o estratégica".

En el apartado de abusos policiales, el informe de Amnistía Internacional señala que la tendencia a la estabilidad política de los últimos diez años "se ha visto ensombrecida por la crisis de la seguridad publica".

"El nivel de abusos policiales, actos delictivos y acciones violentas por parte de bandas era mayor en aquellas zonas donde el Estado se encontraba en gran medida ausente, posibilitando asi que bandas de delincuentes ejercieran su contra sobre una gran parte de la sociedad" recalca AI.

Y pone como ejemplo Brasil, donde se continúan negando servicios básicos a comunidades urbanas deprimidas, que solo reciben incursiones periódicas de la policia, al estilo militar, y Guatemala, donde el homicidio de centenares de jóvenes trae a la memoria las campañas de limpieza social de los años noventa.

En Venezuela, las agresiones a periodistas "fueron generalizadas" en 2008 según AI, que denuncia también el hostigamiento a defensores de derechos humanos y la inseguridad pública en ese país.

AI afirma que recibió informes "sobre agresiones a periodistas por parte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad" de Venezuela, donde, según resalta, "la inseguridad pública siguió siendo un problema, debido en parte al elevado número de armas pequeñas en circulación, incluso en los centros penitenciarios".

Amnistía Internacional (AI) denunció que integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía de México cometieron "graves violaciones de derechos humanos" en 2008, año en el que miles de agentes y soldados fueron dedicados a combatir el crimen organizado.

Según el Informe de AI, la seguridad pública y la reforma del sector energético dominaron "el debate político" en México durante ese año.

La organización agrega que los graves abusos cometidos por las fuerzas de seguridad (policiales y militares) "incluían homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias".

Activistas indígenas y medioambientales denunciaron la violación de sus derechos en Ecuador y otros sectores acusaron al Gobierno de tolerar "cada vez menos la disidencia", según el informe.

La organización no gubernamental se refiere a un informe del relator especial de la ONU sobre poblaciones indígenas de agosto que expresó su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos en relación con los conflictos entre empresas petroleras multinacionales y comunidades nativas o locales.

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