El Gobierno venezolano nacionalizó el viernes 60
empresas de servicios conexos a la actividad petrolera en el Lago de
Maracaibo (occidente), y absorbió a más de 8.000 trabajadores que
pasarán a la nómina de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El presidente venezolano, Hugo Chávez, calificó de "histórico" el
acto de "recuperación de la propiedad y control" de esos bienes y
servicios, los cuales, enfatizó, fueron privatizados a mediados de
la década de 1990 durante el proceso de "apertura petrolera".

"Estamos nacionalizando 60 empresas privadas, hoy desaparecen, no
nos hacen falta, ¿para qué?", expresó Chávez durante el acto
oficial, transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y
televisión.

Ninguna fuente oficial venezolana precisó cuántas de las empresas
expropiadas cuentan con capital extranjero, ni tampoco un
justiprecio preliminar a pagar por parte del Estado venezolano.

La prensa local informó este viernes que una de las afectadas es
la empresa británica John Wood Group, que tiene el 49,5% accionarial
en la firma Servicios de Ingeniería Mantenimiento, Construcción y
Operaciones (Simco).

La toma de control de esos bienes y servicios conexos a la
actividad petrolera derivó de la aplicación de una nueva ley,
promulgada anoche por el mandatario, que permite la expropiación de
esos sectores.

El Gobierno de Chávez inició en 2006 una política de recuperación
de la soberanía petrolera de Venezuela, quinto exportador mundial de
crudo, con la toma de control de las operaciones de exploración,
explotación y mejoramiento de crudo, que se complementa ahora con la
nacionalización de los bienes y servicios conexos.

A partir de este viernes pasaron a manos de PDVSA unas 300
lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61
lanchas de buzos, cinco diques de astilleros y 13 talleres, así como
las actividades de inyección de agua y gas para incrementar la
energía de los yacimientos, entre otros, en el Lago de Maracaibo.

Chávez resaltó que con la absorción de esos servicios la
industria petrolera nacional "reducirá sus costos de producción" y
registrará un "ahorro de 700 millones de dólares al año".

El mandatario propuso que esos recursos sean administrados por
los "consejos obreros y comunales" para el desarrollo de sus
comunidades.

El ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez,
aseveró por su parte que desde "anoche" la industria estatal "tomó
el control de más del 85 por ciento de los bienes y actividades
sujetas a la nueva ley" no solo en el Lago de Maracaibo sino en
otras regiones del país.

El ministro ha afirmado que la nueva ley no afectará la
contratación de taladros de perforación y que, además, blinda al
Estado contra el arbitraje internacional, puesto que cualquier
conflicto deberá ser ventilado en los tribunales nacionales.

Con la nacionalización, unos "8.000 trabajadores" pasarán a la
nómina de la petrolera estatal, y las deudas que con ellos tengan
las empresas contratistas serán descontadas del justiprecio que
pagará el Estado, añadió Ramírez.

El ministro no precisó cuánto pagará el Estado a las empresas
expropiadas ni tampoco si se ha iniciado el calculo de esa cifra.

La ley vigente establece que "para el cálculo del justiprecio de
los bienes (...) se aplicará el valor en libro y se deducirán los
pasivos laborales y ambientales determinados por las autoridades
competentes".

"A partir de ahora" los 8.000 trabajadores de las contratistas
afectadas "pasan a ser personal fijo de PDVSA", que reconocerá "los
años de servicios, la seguridad social" y garantizará una "pensión
digna" tras el retiro, resaltó Chávez.

"Estamos liberando no solo los muelles, las lanchas y los
remolcadores, ustedes (los trabajadores) se están liberando del yugo
del capitalismo", exclamó el mandatario.

Por su parte, el dirigente del tradicional sindicato petrolero
Fedepetrol, Rafael Zambrano, aseveró que con la nacionalización de
las empresas en el Lago de Maracaibo se registrarán "despidos
masivos" en la zona que afectarían a "unos 5.000 trabajadores".

Zambrano dijo a los medios locales que los trabajadores "que
están directamente asociados a la actividad" de las empresas
expropiadas serán "absorbidos" por PDVSA, pero no aquellos
vinculados "a servicios derivados como mantenimiento, reparaciones y
limpieza.