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Sindicatos puertorriqueños enfrentan al Gobierno

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La agrupación puertorriqueña de
sindicatos Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL) acusó el lunes al
Gobierno del anexionista Luis Fortuño de presionar a los
funcionarios públicos para que acepten su plan de despidos.

El portavoz del FASyL, Luis Pedraza, señaló en conferencia de
prensa que el Ejecutivo del Partido Nuevo Progresista (PNP) acosó
durante las últimas semanas a los empleados públicos para que
renuncien a sus puestos de trabajo y se sumen así al plan que recoge
la Ley de Despidos Masivos (Ley 7).

Pedraza denunció el envío de cartas a los funcionarios, llamadas
telefónicas a domicilios y mensajes en las computadoras como las
técnicas utilizadas por el Gobierno, que promueve un plan que puede
suponer el despido de hasta 30.000 empleados públicos.

La denuncia del FASyL coincide hoy con la fecha límite que tienen
los funcionarios para determinar si se acogen a los planes
voluntarios del Gobierno de reducción permanente de jornada o
renuncia optativa a sus puestos de trabajo.

Fortuño entiende que el citado plan es la única forma de ahorrar
los 2.000 millones de dólares que estima necesarios para acabar con
un déficit público que anualmente supera los 3.000 millones de
dólares.

El FASyL insiste en que el plan de Fortuño sólo persigue aumentar
la riqueza de los empresarios, banqueros y aseguradoras, entre
otros, además de señalar que la medida penaliza exclusivamente a la
clase media puertorriqueña.

El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD),
Héctor Ferrer, recomendó a los funcionarios que no acepten el plan
de acogida que hoy termina, además de denunciar lo que entiende como
una iniciativa que va contra el país en su conjunto.

"Que no renuncien. El Gobierno tiene dinero y está ejecutando
contratos millonarios de publicidad; se están dando contratos a
personas particulares por servicios profesionales a tutiplén por
todo el Gobierno", dijo Ferrer.

El FASyL convocó para el próximo miércoles una protesta ante el
Capitolio puertorriqueño, sede de las dos cámaras legislativas, para
llevar un "mensaje del pueblo" a Fortuño de que debe derogar la Ley
7 y poner así fin a sus plan de despidos masivos.

La Ley de Despidos Masivos y el proyecto de Alianzas público
privadas, que permitirá la prestación de servicios estatales a
través de la iniciativa privada, puede suponer el despido de decenas
de miles de funcionarios.

Fortuño pretende con sus planes reducir una tasa de desempleo
oficial que ya alcanza el 14,1 por ciento, según datos del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) del pasado
febrero.

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