La campaña de la Oficina del Censo de Estados Unidos para que los inmigrantes indocumentados queden reflejados en el censo de 2010 ha despertado reacciones enfrentadas entre las principales organizaciones religiosas hispanas del país.

Mientras que muchos líderes de fe latinos aseguran que la iniciativa beneficiará los intereses de los que tradicionalmente han quedado al margen del registro, otras agrupaciones religiosas piden el boicot del censo hasta que el Congreso apruebe una reforma de inmigración.

De no promulgarse esa reforma, es posible que las autoridades usen los datos de población del censo contra los indocumentados y sus familias, según el reverendo Miguel A. Rivera, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y los Líderes Cristianos (CONLAMIC).

"Las leyes antinmigración de los últimos años son un resultado directo de la manipulación de las cifras que ha arrojado el censo", dijo a Efe Rivera.

Según el reverendo, "no existe una garantía de confidencialidad" en el censo, y esto lo convierte en una "herramienta excelente para los intereses de los políticos oportunistas".

Además, señaló que CONLAMIC tiene constancia de que, en 2004, la Oficina del Censo proporcionó al Departamento de Seguridad Nacional un listado completo de las comunidades árabes del país, especificando la población y el código postal.

"La única forma de acabar con esta manipulación es aprobando una reforma que permita la legalización de esos indocumentados, para que no tengan que preocuparse de que los datos sean utilizados contra ellos", afirmó Rivera.

"Hasta marzo, que es cuando comienza a elaborarse el censo, hay tiempo suficiente para aprobar una reforma. Por eso estamos presionando", añadió.

Para grupos como VotoLatino, en cambio, posturas como la de CONLAMIC ponen en peligro los esfuerzos de la comunidad para aumentar su representación, e infunden miedos irracionales en los indocumentados.

En este mismo sentido, la Conferencia Nacional de Liderazgo Hispano Cristiano (NHCLC, por sus siglas en inglés), que se define como "la mayor comunidad de fe hispana del país" difundió hoy un comunicado en el que insta a "todos los latinos, al margen de su fe o su estatus legal", a participar en el censo.

El registro oficial aportaría beneficios como "la representación precisa, la asignación de recursos, y el cálculo del crecimiento de la comunidad", según Wilfredo De Jesús, vicepresidente de justicia social del NHCLC, que asegura que "la gran mayoría de organizaciones latinas" están de su parte.

Para la directora ejecutiva del NHCLC, Jesse Miranda, un boicot al censo de 2010 evitaría que el gobierno reconozca "el potencial de esta comunidad creciente y el valor añadido que puede aportar a la experiencia empresarial estadounidense".

Según Angelo Falcón, presidente del Instituto Nacional de Políticas Latinas y ex miembro del comité hispano de la Oficina del Censo, ese boicot puede haber estado inspirado por las recientes declaraciones de congresistas republicanos sobre una supuesta implicación de la Casa Blanca en el censo.

"Muchos de nosotros no entendemos cómo puede sacarse partido político al censo, porque una falta de participación sólo puede perjudicar los intereses de la comunidad hispana", declaró Falcón al Washington Post.

El portavoz de la Oficina del Censo, Stephen Buckner, dijo al Post que la manipulación de los datos del censo es ilegal y se castiga con hasta cinco años de prisión.

Buckner reiteró que "es seguro participar en el censo, porque la información no se comparte con ninguna agencia de seguridad, ni con entidades gubernamentales o privadas".

La multimillonaria campaña publicitaria que la Oficina del Censo dirigirá a las minorías que suelen quedar al margen del recuento arrancará a principios del año que viene.

El número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha mantenido en 11,9 millones desde 2006, según un estudio del Pew Center publicado este mes.