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En veremos proceso contra torturas en Guantánamo

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional
española pidió el viernes al juez Baltasar Garzón que no admita la querella
presentada contra seis ex altos cargos de la Administración
estadounidense considerados "responsables jurídicos" de la creación
de la cárcel de Guantánamo.

El ministerio público sostiene que no cabe abrir una causa
general en España para perseguir presuntos delitos contra la
humanidad cometidos en ese recinto estadounidense.

El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido,
adelantó ayer jueves su postura contraria a la querella, que
calificó de "fraudulenta".

Los denunciados son Alberto Gonzales, principal asesor legal de
la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de
Estados Unidos, y otros miembros de la anterior Administración de
George W. Bush: David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith,
Jay S.Bybee y John Yoo.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier
Zaragoza, considera, además, que la querella, de ser admitida a
trámite en España, no sería competencia del juez Garzón, sino de su
compañero Ismael Moreno, que tiene abierta una causa en la que
investiga los vuelos de la CIA que supuestamente trasladaban a
presuntos terroristas a centros de detención como Guantánamo.

Los querellantes, letrados que representan a la Asociación pro
Dignidad de los Presos y Presas de España, presentaron la denuncia
ante Garzón al estimar que este magistrado es competente para
investigar los hechos, ya que tiene abierta una causa en la que
figuran ciudadanos españoles o residentes en España que estuvieron
presos en Guantánamo.

El fiscal expone en el informe enviado hoy al juez que "sin
perjuicio de considerar que las decisiones ejecutivas adoptadas
pueden ser constitutivas conforme a nuestro derecho penal de delitos
contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado
(...) la propia redacción de la querella, la amplitud de su objeto y
el hecho de que esté dirigida exclusivamente contra quienes
elaboraron informes jurídicos" dificultan su admisión a trámite.

Considera asimismo necesaria la delimitación de hechos concretos
"pues en otro caso nos encontraríamos ante una especie de causa
general dirigida a investigar toda la política desarrollada -por muy
reprobable que ésta sea- por la anterior Administración de EEUU
durante su mandato, absolutamente incompatible con los límites,
exigencias y fines de proceso penal en un Estado de Derecho".

Por ello, anuncia que, "a los efectos de establecer criterios
jurídicos claros" que delimiten "las condiciones mínimamente
exigibles para el ejercicio de la jurisdicción universal",
consultará a la Fiscalía General del Estado para fijar la posición a
adoptar en estos casos.

Zaragoza cree también que los querellantes no pueden acusar a los
responsables jurídicos de la creación de Guantánamo de un delito de
torturas y cuestiona que no hayan promovido la acción penal ante la
jurisdicción preferente, que sería la de Estados Unidos.

La querella sostiene que los denunciados "participaron activa y
decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en
funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje
jurídico" que permitió privar de derechos a los prisioneros, poner
en práctica técnicas de interrogatorio que incluían la tortura y dar
cobertura legal a esa situación.

Y les acusa de "establecer la más absoluta impunidad para todos
los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha
participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo"
(Cuba).

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