Los abogados del ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, y de su ex asesora Luisa Inclán Bird, informaron el martes al juez Paul Barbadoro que no presentarán más evidencia ni testigos a favor de ambos acusados por conspiración y fraude.

El principal abogado del ex gobernador (2005-2009), Thomas Green, indicó en el Tribunal de EE.UU. en San Juan, que "luego de estudiar las reglas legales y de un cuidadoso examen de la prueba, le informamos que la defensa de Acevedo Vilá somete su caso".

El abogado de Inclán Bird, Michael Pasano, apoyó la decisión.

Acevedo Vilá, quién perdió las elecciones del pasado 4 de noviembre frente al actual gobernador Luis Fortuño, afronta nueve cargos (de los 24 originales) de conspiración y fraude por la supuesta financiación ilegal de sus campañas para Comisionado Residente en Washington (2001-2005) y Gobernador (2005-2009).

Inclán Bird, por su parte, ha sido acusada de fraude electrónico, conspiración y señalada en el juicio como una de las personas encargadas de las recaudaciones de fondos en la campaña para la gobernación de Acevedo Vilá.

La decisión de los abogados fue anunciada tras un receso de poco más de hora y media, luego que el juez se reservara un fallo sobre la petición de absolución perentoria.

Harry Anduze, otro abogado de Acevedo Vilá, advirtió que debido a que "él no está probado, no tenemos necesidad de presentar testigos".

Barbadoro, posteriormente, le dijo al jurado que culminaría los trabajos del martes porque las partes no están preparadas para darles las instrucciones y que regresarán el jueves para los argumentos finales de las partes.

Se espera que entonces el viernes, el jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, delibere su decisión.

Se convocó también para el viernes un acto pacífico frente al Tribunal, organizado por simpatizantes de Acevedo Vilá.

Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), fue acusado junto a otras 12 personas que supuestamente habrían participado en la comisión de diferentes delitos relacionados con las campañas políticas del ex gobernador.

Algunos fueron acusados de haber prestado declaraciones falsas a investigadores del Servicio de Rentas Internas (IRS) de EE.UU., de la Comisión Federal de Elecciones o de la Oficina federal de Investigaciones (FBI), o se les imputó de lavado de dinero.

Casi todos llegaron a acuerdos con la fiscalía y se declararon culpables de delitos menores a cambio de reducciones en las penas.