El estado de Carolina del Norte se encuentra entre los primeros a nivel nacional que ha establecido más acuerdos con inmigración para identificar y deportar a indocumentados desde cárceles locales.

Desde 2006, agencias del orden público en 13 condados -Alamance, Cabarrus, Cumberland, Durham, Gaston, Henderson, Mecklenburg, Wake, Buncombe, Duplin, New Hanover, Orange, Harnett- han firmado "Memorandos de Entendimiento" con ICE para implementar los programas 287g y Comunidades Seguras.

La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde 1996 permite a los gobiernos locales entrar en convenios con el federal para adiestrar a alguaciles o policías a que ejerzan funciones de agentes de ICE para localizar extranjeros sin documentos.

Según cifras de ICE, 840 oficiales en 19 estados han recibido el entrenamiento de cuatro semanas para cuestionar y determinar el estado migratorio de inmigrantes arrestados por no acatar las leyes estatales.

La medida ha identificado a más de 70.000 indocumentados desde 2006 en las 63 áreas donde opera el 287g nacionalmente.

Hasta el 30 de septiembre de 2008, unos 3.100 inmigrantes en Carolina del Norte sospechosos de cometer delitos -1.200 por infracciones de tránsito- fueron deportados a sus países de origen, de acuerdo con la Asociación de Alguaciles.

Iván Ortiz, portavoz de ICE, explicó a Efe que el 287g actúa como una "fuerza multiplicadora" en los estados para que esta agencia federal cumpla su objetivo de remover del país a todos los extranjeros sin estadía legal.

Virginia es el estado que tiene más convenios del 287g (9), seguido de Carolina del Norte (8), Arizona (7), Florida (6), Arkansas, California, Georgia (4), Texas, Massachusetts (3), Tennessee, Alabama, Colorado, Carolina del Sur (2), y Missouri, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Maryland (1).

En cuanto a Comunidades Seguras, que ICE comenzó a implementar como programa piloto a finales de 2008 en cuatro estados, permite a las cárceles locales acceso instantánea a la base de datos de la Agencia Federal de Investigación (FBI) y de ICE, para conocer los antecedentes criminales y migratorios del detenido.

Texas es el estado que tiene el mayor número de Comunidades Seguras, 19 en total, luego Carolina del Norte con 9, Arizona con 4, Pennsylvania con 2, y Massachusetts con 1, según datos proporcionados por ICE a Efe.

Según Ortiz, inmigración pronostica que los 3.100 centros de detención que operan en el país contarán con esta "presencia virtual" de ICE en los próximos tres años.

Eventualmente, el programa Comunidades Seguras identificará entre 300.000 y 400.000 indocumentados que serán deportados una vez cumplidas sus condenas estatales, de acuerdo con proyecciones de ICE.

El Congreso otorgó a ICE alrededor de 350 millones de dólares para implementar hasta el 2010 este programa, el cual se enfoca en remover a criminales convictos y cuyo costo total asciende a 3.000 millones de dólares.

El congresista David Price, demócrata de Carolina del Norte y presidente del comité que otorga la partida de fondos al Servicio de Inmigración y Aduanas, ha criticado varias veces a esta agencia por "fracasar" en la expulsión de criminales peligrosos.

Price dice que los "acuerdos" con las agencia locales han resultado en la deportación de "miles de inmigrantes sin antecedentes criminales" y la mayoría por faltas menores como manejar sin licencia de conducir.

Entre Comunidades Seguras y el 287g, en Carolina del Norte operaran 17 programas para sacar del país a los indocumentados; superado solamente por Texas con 22, en tercer lugar está Arizona con 11, Florida con 6, Massachusetts, California y Georgia con 4, y Pennsylvania con 2.

Para Irene Godinez, directora de defensa de derechos de la organización El Pueblo, con sede en Raleigh, capital del estado, no es una "sorpresa" que Carolina del Norte se encuentre entre los primeros lugares con más medidas anti-inmigrantes.

"La meta de la Asociación de Alguaciles es que en 2010 los 100 condados tengan Comunidades Seguras. Ese año es de elecciones y muchos quieren mostrarse que ellos sí están haciendo algo para combatir la inmigración ilegal. Es un tema todavía muy politizado", declaró hoy Godinez a Efe.

El Legislativo de Carolina del Norte aprobó una ley en 2008 que estipula que todos los departamentos del orden público de los 100 condados del estado deben revisar el estado migratorio de extranjeros cuando llegan a sus cárceles.

Un sondeo reciente entre votantes del estado reveló que el tema de la inmigración ilegal no se encuentra entre las prioridades de los habitantes de Carolina del Norte, quienes están más preocupados por el deterioro de la economía.