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El gobernador opositor del presidente de Bolivia, Evo Morales, de Santa Cruz, Ruben Costas, junto a sus colegas de Chuquisaca, Beni, y Tarija, habla duranten el cierre de un multitudinario acto en el que pidieron el voto por el "No"

Las autonomías y la polémica originada porque la religión católica no está contemplada como religión oficial ponen en jaque, este domingo el referendo sobre la nueva Constitución que respalda el presidente boliviano Evo Morales.

Otras de las críticas de quienes se oponen al proyecto son que no es fruto de un pacto social, que fomenta la discriminación a favor de la mayoría indígena y que es un texto confuso e inaplicable.

En los últimos días de campaña, analistas y medios de comunicación han criticado que los bolivianos  van a llegar este domingo al referendo con un profundo desconocimiento del proyecto constitucional y creen que la consulta se convertirá en un plebiscito sobre la continuidad del Gobierno.

Entre tanto, los que más activamente han trabajado en contra del proyecto constitucional han sido los prefectos (gobernadores) opositores de Beni, Santa Cruz y Tarija, tres de las regiones que votaron a favor de las autonomías en el referendo de 2006, además de la de Chuquisaca, la indígena Savina Cuéllar.

En La Paz, apenas se ha podido sentir la campaña por el "no", si bien en los últimos diez días militantes del derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) han organizado actos en los que han repartido volantes llamando a rechazar el proyecto.

Los gobernadores, que sólo han hecho campaña en sus regiones del oriente y sur del país, han mostrado su rechazo al texto fundamentalmente porque no contempla un régimen autonómico que colme sus expectativas de descentralización.

Si gana el "sí", Bolivia quedaría definida como un Estado "descentralizado y con autonomías". "La autonomía implica la elección directa de sus autoridades (...), la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva", señala el artículo 272.

El texto clasifica las competencias en "privativas", que son las que se reserva por completo el Estado y "exclusivas", las que pueden ser transferidas o delegadas la reglamentación y ejecución.

También están las "concurrentes", aquéllas en las que se ejercen conjuntamente la facultad ejecutiva y reglamentaria entre el Estado y el ente autonómico, y finalmente las "compartidas", con capacidad legislativa descentralizada aunque sujeta a las leyes básicas estatales.

El Gobierno de Morales defiende que este diseño es suficiente como para considerar que las autonomías departamentales sí que están contempladas en el proyecto.

Por su parte, con la ausencia del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, encarcelado desde los episodios de violencia del pasado 11 de septiembre en los que murieron 20 personas según Unasur, los demás gobernadores opositores han negado que la autonomía esté verdaderamente respetada en el proyecto.

En cada una de esas regiones se celebró a mediados del año pasado un referendo para aprobar unos estatutos autonómicos que han advertido que no retirarán a pesar de que tengan difícil encaje en la nueva Constitución.

Las consultas y los estatutos aprobados fueron tachados de ilegales e ilegítimos por el Ejecutivo, que también ha llamado a hacerlos compatibles con el nuevo diseño del Estado.

Otro de los temas centrales del debate ha sido la religión, sobre la que algunos colectivos han impulsado en los medios de una campaña en la que se asegura que el día de la votación los bolivianos optarán entre la Biblia y la Constitución, y Cristo o Evo Morales.

Además, denuncian que el texto da vía libre al matrimonio homosexual, a pesar de que esa institución está contemplada en el artículo 63 como la unión "entre una mujer y un hombre".

La Iglesia católica, tras pedir que no se usara la imagen de Cristo con fines meramente políticos, también se pronunció sobre la nueva Constitución.

La Conferencia Episcopal Boliviana, aunque reconoce que el matrimonio está "bien definido", se ha mostrado crítica con el texto porque también señala que nadie puede ser discriminado por su "opción sexual".

Incluso, algún miembro de la jerarquía católica llegó a afirmar que ésa es la fórmula jurídica con la que los "homosexualistas" pretenden defender sus derechos y, además, podría llevar a que "pedófilos" y "zoófilos" también quisieran reclamar una posición de privilegio en la sociedad.

Examen decisivo para Morales

Tres años después de llegar a la Presidencia de Bolivia, Evo Morales afronta el examen más importante de su mandato: El referendo sobre la nueva Constitución que necesita para "refundar" el país.

Los bolivianos acudirán el domingo a las urnas para dar el "sí" o el "no" a una constitución orientada a la integración indígena, en la que se propone un estado unitario y al mismo tiempo plurinacional y autonómico y que establece un modelo económico de carácter "estatista".

Este proyecto constitucional supone la columna vertebral del proceso de cambio y la "revolución democrática y cultural" con la que Morales quiere construir la "nueva Bolivia" que rompa definitivamente con su pasado "colonial" y "neoliberal".

"Una Bolivia unida que garantice la igualdad y las autonomías: esa es la apuesta", según ha insistido Morales en su campaña por el "sí".

Otro de los mensajes más repetidos por el presidente boliviano en las últimas semanas es que la nueva Constitución permitirá acabar, incluso de forma retroactiva, con la corrupción, el nepotismo y la burocracia, que a su juicio son características propias de un sistema "colonial".

Con la consulta constitucional del domingo, Bolivia continúa también el proceso "refundacional" que ya han ensayado otros países de la región como el caso de Ecuador, bajo el Gobierno de Rafael Correa, o Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez, aliado de Morales.

El presidente indígena y su Gobierno iniciaron la campaña por la nueva Constitución con un elevado optimismo que les llevó a predecir hasta un 90 por ciento de respaldo a la nueva Carta Magna.

Sin embargo, en la recta final hacia el referendo, el presidente se ha mostrado más cauteloso y ha pedido a sus bases que no se confíen y sigan trabajando para lograr más votos.

Morales llega al 25 de enero con un liderazgo consolidado tras el referendo sobre mandatos celebrado el pasado agosto donde su gestión obtuvo el 67,4 por ciento del apoyo de sus compatriotas.

También acude a esa cita decisiva con una Bolivia que sigue "polarizada", pero "pacificada", tras las violentas semanas que vivió el país tras el revocatorio de agosto que concluyeron con un acuerdo político en el Congreso Nacional con el que Morales pudo convocar el referendo constitucional.

Para lograr ese consenso, Morales y el oficialismo tuvieron que aceptar la modificación de más de cien artículos del texto que aprobó la Asamblea Constituyente.

El presidente tuvo también que ceder en el polémico asunto de la reelección y garantizar que solo volverá a presentarse una vez, concretamente en las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en diciembre de 2009.

El camino para llegar al referendo constitucional ha sido largo y tortuoso: no en vano Morales derramó lágrimas de emoción el pasado 21 de octubre cuando por fin pudo promulgar la convocatoria de la consulta en la Plaza Murillo de La Paz ante miles de sus seguidores.

En el año 2008, el presidente de Bolivia vio como fracasaban dos intentos de convocar este referendo: el primero, a finales de febrero con un Congreso "cercado" por los movimientos sociales que le son afines, y el segundo, el 28 de agosto, vía decreto supremo.

En ambas ocasiones, la Corte Nacional Electoral (CNE) frenó la iniciativa al considerar que no se daban las condiciones legales exigidas para convocar la consulta.

Uno de los principales argumentos de la oposición para rechazar el proyecto de Carta Magna es que no es fruto de un auténtico "pacto social", en referencia al polémico proceso constituyente que se abrió en el país el 6 de agosto de 2006 con la instalación de la Asamblea Constituyente encargada de elaborar el nuevo texto.

Esa Asamblea acabó su trabajo casi un año y medio después con profundas divergencias entre oficialismo y oposición, y graves conflictos en la ciudad de Sucre que se saldaron con tres muertos y centenares de heridos.

El proyecto constitucional se aprobó en la ciudad de Oruro, el 9 de diciembre de 2007 en ausencia de la mayoría de los partidos de la oposición.

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