Al firmar la orden para el cierre de Guantánamo, declaró que con ello "no solo cumple" un compromiso que hizo durante la campaña, sino también un entendimiento que data de la fundación del país.

El plazo para el cierre del centro de detención es de un año, durante el cual establecerán "un proceso" para determinar cómo proceder mejor a la clausura.

Sentado en su mesa del Despacho Oval, el presidente Barack Obama firmó, además, otras dos órdenes ejecutivas que prohíben la tortura y los maltratos en los interrogatorios y el encarcelamiento de los presos y establecen un grupo de trabajo que elabore recomendaciones sobre el asunto.

Una cuarta orden se refiere de manera específica al caso de Ali al Marri, de origen qatarí y el único "combatiente enemigo" retenido en suelo estadounidense.

Obama ha ordenado una revisión de su caso para determinar si este prisionero tiene derecho a presentar una demanda para exigir su libertad, una posibilidad que los tribunales de EEUU han abierto a los presos en Guantánamo.

El presidente afirmó que con estas órdenes "Estados Unidos tiene como intención proseguir la lucha actual contra el terrorismo", y lo hará de "manera vigilante, efectiva y de acuerdo" con sus valores y sus ideales.

"Estamos decididos a ganar esta lucha, y ganarla en nuestros términos", aseguró.

La firma de las órdenes se produjo después de una reunión del mandatario, que tomó posesión del cargo el pasado martes, con militares en la reserva con los que analizó la situación en esa cárcel.

El consejero legal de la Casa Blanca, Greg Craig, había informado el miércoles a miembros del Congreso sobre esas órdenes.

Tan solo horas después de su investidura el martes, Obama pidió a los jueces militares en Guantánamo la suspensión durante 120 días de los procesos contra los presos que permanecen en esa cárcel, en la actualidad unos 250.

La detención prolongada de supuestos terroristas y su permanencia sin juicio, aislados en una base naval en Cuba, y sometidos en algunos casos a torturas, han sido durante años objetos de críticas de los aliados de Washington, y de denuncias de los grupos defensores de los derechos humanos.

Durante su campaña electoral, Obama prometió que cerraría Guantánamo, la cárcel creada en 2002 para los presos sospechosos de terrorismo capturados en su mayoría en las guerras en Afganistán y en Irak.

A fines de 2002, el presidente George W. Bush estableció unos tribunales militares que debían juzgar a esos presos, calificados como "combatientes enemigos ilegales" y que, según su Gobierno, no estaban amparados por las convenciones de Ginebra ni por las leyes federales de Estados Unidos.

Muchos de los detenidos actuales permanecen desde entonces sin que se les hayan presentado cargos o se haya fijado una fecha para su juicio.