Grupos defensores de los inmigrantes manifestaron su satisfacción por el nuevo reglamento aprobado por el Gobierno que permite el ajuste migratorio para ciertos extranjeros que hayan sido víctimas de tráfico de personas y de otros "delitos graves".

La medida favorece a víctimas de extorsión por parte de "coyotes" y a quienes son traídos al país con engaños para luego ser obligados a trabajar sin sueldo, e incluso forzados a ejercer la prostitución.

El reglamento, que obedece a una ley de 2000 y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el "Federal Register" (diario oficial del Gobierno), beneficiará a los extranjeros que hayan entrado a EEUU con visas "T" y "U".

La visa "T" se concede a las víctimas de casos severos de tráfico humano, mientras que la visa "U" se otorga a los damnificados de "ciertos delitos" que demuestran voluntad para ayudar a las autoridades a investigar este tipo de actividades criminales.

"Nuestros inmigrantes han sufrido y siguen sufriendo muchos abusos", afirmó Cecilia Rodríguez, presidente de la Alianza Hondureña de Los Ángeles.

"Los 'coyotes' han abusado de ellos y se sabe de casos que -aún después de que les han pagado- los han tenido secuestrados exigiéndole más dinero a sus familiares. Éstos inmigrantes que vienen al país a trabajar y realmente merecen que se les otorgue la residencia permanente", sostuvo.

La regulación permite que personas que hayan sido víctimas de tráfico humano reciban protección de inmigración mediante la visa "T" y que otras, sean amparadas por la visa "U", por la cual "víctimas de ciertos crímenes que hayan sufrido abuso mental o físico a causa de los delitos" y que estén dispuestas a ayudar a las autoridades en la investigación.

"La situación del tráfico humano, el tráfico de trabajo y el tráfico sexual se ha convertido en una epidemia que no ocurre en áreas rurales, sino que está sucediendo aquí mismo en Los Ángeles", declaró a Efe Jorge-Mario Cabrera, director de Educación Comunitaria y Asuntos Públicos de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, CHIRLA.

Señalando que la reglamentación, "por ser muy específica para calificar puede que se haga inaccesible", el dirigente señaló que CHIRLA continuará su esfuerzo para expandir la cobertura de la ley para todas las personas afectadas.

"Estaremos con los ojos bien abiertos para ayudar a las víctimas de estos crímenes y para asegurarnos de que las leyes que las amparan sean también justas y humanas pero a la vez pragmáticas", concluyó el activista.