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Los puentes internacionales son usados para el tráfico de recién nacidos entre los estados de Texas y Tamaulipas. 

 

A sus escasos tres años, David juega, sonríe de todo lo que mira a su alrededor mientras camina a paso lento hacia uno de los pequeños carros de juguete que se encuentran a su paso.

De pronto, David nunca sabrá por qué su madre lo vendió por 1.000 dólares a una pareja de Houston cuando apenas tenía tres meses de nacido.

“Es triste conocer que existen esta clase de casos, pero es más triste saber que existen madres de recién nacidos que lucren con la vida de sus hijos”, dijo Alejandro Ángel Peña, procurador de la Defensa del Menor en Matamoros, ciudad mexicana fronteriza con Brownsville (Texas).

De acuerdo con Peña, la historia de David —desde hace un año y medio adoptado por una familia— se remonta al 11 de octubre del 2004, cuando Sandra Sanmiguel, de 41 años, y Luis Galileo Navarrete, de 38, ambos con residencia en Houston intentaran cruzar al menor de forma ilegal por el puente internacional B&M.

La investigación de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza arrojó que Sanmiguel y Navarrete, quienes fueron detenidos y ahora están en libertad condicional, pagaron a María Guadalupe Chan, de 20 años, oriunda del Distrito Federal, los gastos del parto y 1.000  dólares por la adquisición del menor.

En diciembre del 2004, también en Matamoros la Oficina de Aduanas detectó una segunda compra ilegal de un menor de 10 días de nacido por 1.300 dólares, también por una pareja de estadounidenses.

El caso de David no es un hecho aislado en la frontera entre Texas y Tamaulipas.  Desde mayo pasado la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y autoridades mexicanas investigan más de una docena de casos de tráfico de menores.

“Los están vendiendo como si fuera productos del supermercado”, dijo Mario Alberto Cervantes, juez del Juzgado Primero en Reynosa, ciudad mexicana fronteriza con McAllen (Texas).

Y la preocupación de Cervantes no es para menos. En Reynosa, sólo en mayo pasado la Policía reportó la venta a parejas estadounidenses de 15 de menores por entre 2.500 y 3.000  dólares cada uno.

De acuerdo con documentos de dicho Juzgado, los casos salieron a la luz tras el arresto de una pareja de estadounidenses en dicha ciudad el pasado 27 de mayo.

Armando Torres Vega, de 64 años, de Harlingen, Texas y su esposa María Isabel Hernández, de 25, fueron detenidos en Río Bravo (Tamaulipas) por la Policía Ministerial tras la queja sobre la desaparición de un menor de 21 días de nacido.

 “Todo se dio a conocer el pasado 26 de mayo tras la queja de Juana Velasco Anaya, abuela del menor, quien es hijo de Reyna Pérez Miramontes, actualmente detenida en una cárcel estatal por el delito de robo con agravantes”, dijo Oralia Menchaca, investigadora de la Policía estatal.

Menchaca comentó que Velasco Anaya manifestó saber quién tenía al menor, al igual que informó sobre la presunta transacción ilegal que habría realizado su hijastra con Torres Vega y Hernández.

Al momento de la detención de Torres Vega,  él “confirmó haber pagado 2.500 dólares a Pérez Miramontes por el recién nacido”.

El menor se encuentra en poder de Velasco Anaya, luego de que las autoridades de la Defensa del Menor le otorgaran la custodia permanente del mismo.

Torres Vega reportó a las autoridades haber pagado a por lo menos nueve mujeres entre 2.500 y 3.000 dólares por sus hijos recién nacidos.

“En muchos de los casos ayudó a las mujeres en avanzado estado de gestación a ingresar ilegalmente hacia los Estados Unidos e inclusive ubicarlas en casas de seguridad, para que al momento del alumbramiento sus hijos fueran registrados como ciudadanos estadounidenses y adoptados con mayor  facilidad”, explicó Cervantes.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por Torres Vega las “transacciones” fueron con el solo hecho de ofrecer una mejor vida a los menores.

 “Torres Vega insiste en que lo hizo por los niños, dado la situación de pobreza que viven sus familias, y dijo desconocer el paradero exacto de los menores”, comentó Raúl Gámez, investigador de la Policía Ministerial de Tamaulipas.

“Podríamos considerar que este caso fue como el punto del iceberg, ya que de no haberse reportado jamás hubiéramos sabido de su existencia”, agregó Gámez.

Hasta el momento y con la ayuda de un cuadernillo localizado al momento de la detención de Torres Vega, la Policía investiga más casos en otras ciudades fronterizas al igual que en Michigan y Tennesse.

En dicho cuadernillo se aprecian teléfonos al igual que cifras de menores entre los dos meses de nacidos hasta los dos años.

“Hemos localizado a nueve mujeres residentes de Río Bravo y Reynosa quienes dicen haber vendido sus recién nacidos a Torres Vega, no sólo una vez, sino dos o tres veces”, dijo Gámez.

Gámez indicó que desde el arresto de Torres  Vega, este identificó a un abogado de nombre Armando Escamilla, como uno de sus presuntos contactos en Texas para la realización de los procesos de adopción ilegales.

“No sabemos hasta el momento la participación del abogado en las adopciones ilegales o en la venta de los menores”, comentó Gámez, pero “aun seguimos  investigando todas las líneas necesarias para saber el paradero de los niños”.

Escamilla, quien también funge como pastor de la Iglesia Valley Christian Assemby, en San Benito (Texas), no regresó las repetidas llamadas realizadas a su oficina por este medio.

Mientras tanto, autoridades del FBI e Texas manifestaron el interés por el caso. “Estamos analizándolo”, dijo Jorge Cisneros, vocero del FBI en McAllen.

Entre tanto, de ser hallados culpables tanto Torres Vega como Hernández podrían enfrentar hasta 12 años en prisión por los cargos de tráfico de menores. Está previsto para este viernes 28 de noviembre un careo entre todos los implicados en el caso.

 

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