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Gran estafa en Colombia deja tres muertos

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Las autoridades de Colombia tienen en la mira a 240 "pirámides", empresas de captación ilegal de dinero, tras conocerse una gran estafa desatada que ha causado tres muertos, desórdenes y destrozos en una docena de ciudades.

Según datos de la Policía y de la Superintendencia Financiera, en Colombia funcionan más de 300 sucursales de unas 72 empresas recaudadoras ilegales que están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) del Ministerio de Hacienda.

Las firmas más conocidas son Proyecciones DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), que dirige Carlos Suárez, quien hasta hace unos pocos meses era vendedor ambulante, y el Grupo DMG, que toma su nombre de David Murcia Guzmán, un supuesto empresario.

Ambos, Suárez y Guzmán, son menores de 30 años y están en la clandestinidad, presumiblemente prófugos en un país vecino, según fuentes oficiales.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez Barón, precisó que de las 240 "pirámides" existentes la mayoría están establecidas en los departamentos de Cundinamarca (centro), Putumayo (sur) y Bogotá, aunque tienen sucursales en unos quince departamentos.

Las autoridades calculan que esas empresas, que prometen una rentabilidad de hasta el 300 por ciento en pocos meses, tienen en su poder unos 870 millones de dólares.

Algunas de esas "pirámides" se presentan como agencias de viaje, empresas de productos de limpieza y de cambio de moneda, y muchas como de ventas de vehículos y electrodomésticos.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, reconoció hoy que a las autoridades les ha faltado "diligencia" en las investigaciones y detenciones de "ejecutivos" de esas firmas, lo que generó roces con funcionarios judiciales y con el fiscal general, Mario Iguarán.

"La Fiscalía debió proceder con toda rapidez y hace rato debió haber intervenido", manifestó Uribe.

Ante la situación creada, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se reunió con Iguarán y otros funcionarios para coordinar la forma de agilizar los procesos administrativos, de análisis de las finanzas y judiciales de esas empresas comprometidas con recaudaciones de dinero.

Mientras tanto, el procurador general, Edgardo Maya, urgió al Gobierno a adoptar medidas de urgencia que permitan superar las graves dificultades sociales y los desmanes registrados en varias ciudades.

Maya consideró como "vergüenza nacional", la situación, y demandó para contrarrestarla, adoptar "medidas de emergencia".

El alto cargo envió una circular a los alcaldes de todo el país para que de "forma inmediata" visiten los establecimientos de comercio que se dedican a la captación pública de dineros.

Ayer, jueves, el ministro Zuluaga había admitido que el Gobierno deberá "encontrar los mecanismos para diseñar algún apoyo a los estafados".

La semana pasada el despacho de Zuluaga pidió a la Fiscalía investigar a un total de 1.302 entidades que realizaron "transacciones sospechosas" por valor de unos 4.390 millones de dólares.

El caos se desató el miércoles, cuando miles de iracundos ahorradores saquearon sucursales de estas empresas y en algunos casos desvalijaron sus cajas fuertes, lo que obligó a las autoridades de varias ciudades a declarar el toque de queda.

En los últimos dos días, los desórdenes se saldaron con dos muertos: un defensor del pueblo del departamento de Nariño, en el suroeste, y el suegro de un policía.

Hoy se suicidó un hombre que había depositado en una "pirámide" el capital producto de la venta de su casa.

"Me mato por estúpido", decía la carta que dejó el suicida a sus familiares. 

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