La no inclusión del tema migratorio en el último debate presidencial, la divulgación del costo de la redada de Iowa, que ascendió a más  de $5 millones de dólares y la demanda presentada por la familia de un hispano que murió electrocutado en un centro de detención, fueron algunas de las noticias migratorias de la semana.

Hablen de reforma migratoria

A principios de la semana líderes de las comunidades de inmigrantes de Nueva York pidieron a los senadores y candidatos a la Presidencia de EEUU, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, que aborden de una vez la situación de la inmigración.

"Ya se han celebrado dos debates de los candidatos a la presidencia y otro a la vicepresidencia, y en ninguno de ellos se ha dicho una palabra sobre la reforma migratoria", denunció la directora ejecutiva de la Coalición para la Inmigración de Nueva York, Chung-Wha Hong.

Sin embargo, el miércoles, el debate en Hempstead (Nueva York), el último antes de la elecciones del 4 de noviembre, tampoco incluyó el tema migratorio, no hubo preguntas al respecto.

"A los votantes inmigrantes, como es lógico, les interesan las mismas cosas que a los estadounidenses: La economía, el sistema sanitario, la educación o la guerra de Irak, pero para muchos de ellos la inmigración es un asunto esencial porque es personal", agregó Chung-Wha Hong.

Patrick Young, abogado del Centro Estadounidense para los Refugiados, criticó que "ninguno de los candidatos podrá presentar un verdadero plan sobre la inmigración si no consiguen apoyos durante la campaña" electoral.

"Sabemos que los estadounidenses quieren una reforma migratoria que sea buena para las familias, para la seguridad y para la economía. Los dos candidatos tienen que discutir sus planes al respecto", pidió Young. La Coalición para la Inmigración de Nueva York destacó también sus actividades para lograr que los estadounidenses que han sido inmigrantes se registren para votar.

El número de esos votantes "está creciendo y también su poder. Este año ellos pueden hacer la diferencia en los lugares en que el margen para la victoria (de uno u otro candidato) sea pequeña", dijo la codirectora de la asociación comunal "Make the Road New York", Ana Maria Archila, un grupo que tiene oficinas en Brooklyn, Queens y Staten Island.

Redada costó $5 millones

Las autoridades federales de inmigración divulgaron que el costo de la masiva redada realizada en un frigorífico en el norte de Iowa en mayo pasado supera los cinco millones de dólares.

Amparándose en la Ley de Libertad de Información el diario Des Moines Register en Denvenr obtuvo documentos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en los que se indica que hasta el 21 de agosto pasado esa agencia había gastado $5.211.092 como consecuencia de la redada, lo cual no incluye los gastos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que aún investiga al frigorífico Agriprocessors de la localidad de Postville, ni los gastos de la oficina del fiscal federal en Cedar Rapids, donde se procesó a los 389 detenidos.

Ni el Departamento de Trabajo ni el fiscal federal accedieron a proveer la información solicitada por Des Moines.

El pasado 12 de mayo, cientos de agentes federales (la operación incluyó también dos helicópteros) llegaron a la fábrica y detuvieron a más de 600 personas. Posteriormente, más de 200 quedaron en libertad, por razones humanitarias o porque demostraron que estaban legalmente en el país.

Entre los detenidos, 50 ya fueron deportados, otros 50 están en libertad condicional, y los restantes cumplen sentencias de cinco meses a cinco años por distintos delitos (en su mayoría por robo de identidad), tras lo cual serán deportados.

Aunque ICE no compartió detalles específicos sobre los gastos, parte de los fondos se utilizaron para alquilar durante casi un mes el National Cattle Congress, un centro de exposiciones agrícolas en la ciudad de Waterloo, donde los agentes se concentraron antes de la redada y donde funcionó la corte de inmigración después de la acción.

Los cinco millones de dólares tampoco incluyen las investigaciones sobre Abraham Aaron Rubashkin, dueño de Agriprocessors, su hijo, Sholom Rubashkin, y de tres empleados jerárquicos del frigorífico que en conjunto están acusados de infringir 9.311 veces las leyes de empleo de menores.

Por otro lado, la Red Nacional Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR), con sede en Oakland, afirmó que durante el año fiscal 2007, el Departamento de Seguridad Nacional deportó más de 285.000 inmigrantes, 5.000 de ellos en redadas en centros de trabajo.

Indocumentado electrocutado

La familia de un inmigrante indocumentado que murió electrocutado cuando esperaba su posible deportación anunció que presentó una demanda contra el centro de detención donde murió.

César González-Báez, de 35 años, residente de Pomona, trabajaba como miembro de una cuadrilla en el centro de detención de Mira Loma, en Lancaster, al norte de Los Ángeles, cuando el taladro que manejaba tocó una línea subterránea de alto voltaje que le produjo la muerte. Sus familiares alegan que el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y los operadores del centro de detención no revisaron las instalaciones subterráneas ni tomaron otras precauciones.

González-Báez esperaba una audiencia para aclarar si sería deportado.

Según el abogado de la familia, el Departamento del Alguacil, que opera el centro de detención, es responsable de la muerte del indocumentado, al no haber revisado previamente los riesgos que implicaba el desempeño de la labor, realizada voluntariamente por el detenido.

El departamento del alguacil no hizo comentarios al respecto por tratarse de un caso en proceso judicial.