La medida que estudia el Gobierno, similar a otras adoptadas en Europa, consistiría en inyectar capital público en el accionariado de algunos bancos, acogiéndose a la autoridad que le dio el Congreso cuando aprobó el plan de rescate económico de 700.000 millones de dólares, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.

A ojos de todos los expertos, la medida, como ocurrió con la nacionalización de la aseguradora AIG o el propio paquete de rescate, va en contra del espíritu de libre mercado que ha prevalecido durante los ochos años de mandato de George W. Bush.

Dana Perino lo justificó con el argumento de que la crisis financiera es tan intensa, que el Ejecutivo se ha visto obligado a tomar decisiones "radicales, agresivas y audaces" que no "forman parte de sus instintos naturales".

"Cuando llegó la evidencia de que la crisis financiera iba a afectar a todo estadounidense, fuera rico o pobre, el presidente decidió que era importante que el Gobierno llevara a cabo una acción contundente", explicó.

"Cuando se le planteó la medida, el instinto natural del presidente fue pedir que el Gobierno no se viera envuelto", dijo Perino. Pero Bush dio su visto bueno al constatar que la crisis está afectando a todo el mundo, "no solo a unos cuantos ejecutivos de Wall Street".

Aunque no se conocen los detalles de la medida, que dependerá del Departamento del Tesoro, la portavoz aclaró que la inversión del Estado irá dirigida a entrar en el capital de las entidades, pero no a asumir su gestión.

El miércoles, por primera vez en la historia, la Reserva Federal accedió, de manera no anunciada, a acometer una bajada de los tipos de interés coordinada con otros grandes bancos centrales, entre ellos el chino.