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Polémica en R. Dominicana por caso de narcotráfico

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Un enfrentamiento entre el procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez, y el senador oficialista Wilton Guerrero por la investigación del asesinato de siete colombianos, relacionado con el narcotráfico, se agudizó con nuevas declaraciones del legislador.

Guerrero, representante de la provincia Peravia (sur), donde ocurrió el hecho, dijo a la prensa que el jefe del Ministerio Público local tiene la responsabilidad de ordenar una investigación "con la profundidad y el rigor suficientes" para que "salga a la luz la verdad" acerca de la muerte de los extranjeros.

"Lo que estamos pidiendo desde el inicio de este gravísimo asunto, señor procurador, es que se investigue y se someta a las cabezas, y no sólo a los ejecutores", argumentó el senador, que al igual que Jiménez pertenece al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto en un paraje del municipio de Baní, donde los colombianos fueron ejecutados con armas de fuego.

Tras conocerse el múltiple crimen, Guerrero acusó a las fuerzas de seguridad y a la Procuraduría General de la República de connivencia con el narcotráfico en la zona.

Posteriormente acusó a Jiménez actuar con negligencia en la investigación de este caso y respecto a unos expedientes que había entregado en septiembre de 2006 al Ministerio Público sobre la supuesta impunidad de los narcotraficantes en la provincia.

Frente a la acusaciones del senador, Jiménez denunció la semana pasada que éste es multimillonario y le instó a explicar la razón por la que un hijo suyo estuvo preso en Estados Unidos.

Guerrero emplazó este lunes a Jiménez a investigar el origen de su fortuna y someterle a la justicia si encuentra alguna irregularidad en sus bienes y admitió que su hijo estuvo preso, pero por un "simple" accidente de tránsito.

Trece personas, entre ellas un hijo de un senador opositor, fueron implicadas en la investigación para esclarecer el asesinato de los siete colombianos.

De acuerdo con el testimonio de Mercedes Carvajal, trabajadora doméstica de la casa donde fueron capturadas la víctimas, siete desconocidos armados se presentaron de noche en la residencia con uniformes de las fuerzas antinarcóticos dominicanas y exigieron a las víctimas que buscaran un cargamento de unos 1.200 kilos de cocaína que supuestamente tenían escondido.

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