Al grito de “¡Nosotros pagamos las hipotecas, pero las casas son del estado!”, veinte residentes del complejo habitacional Baldwin’s Run marcharon de la Alcaldía de Camden a la corte federal para interponer una demanda en contra de la organización que impulsó el proyecto.

Sin contar con un abogado que los represente, los quejosos acusan de fraude a St. Joseph’s Carpenter Society por “ocultar información” concerniente con las ganancias que los inquilinos del lugar podrían hacer en caso de querer vender sus casas, las cuales adquirieon a través de un programa de la Autoridad de Vivienda y Financiamiento de Hipotecas del Estado de Nueva Jersey.
“Los abogados no tienen confianza en esto, no creen que porque tú firmaste vayamos a ganar”, dijo Ángel Cordero, activista que lidera a los manifestantes.

Alrededor de 150 personas adquirieron sus casas en este desarrollo habitacional para personas de bajos recursos a través de un programa, el 95/5, que impone ciertas restricciones.

Esta situación se explica mejor de la siguiente manera: Una vivienda, cuya construcción costó alrededor de $175.000 con subsidios federales, estatales y locales, fue vendida a estos hispanos por $67.500 hace unos 5 años.
Si el propietario quiere ahora venderla, puede hacerlo por $80 mil y se queda con los $12.500 de ganancia.

Pero si el valor del mercado le permite venderla en $100.000, el gobierno se queda con el 95 por ciento de esos $20.000 y el propietario con el 5 por ciento restante.De esta forma, los propietarios de la unidad habitacional Baldwin’s Run se sienten estafados, pero especialmente aquellos que han invertido dinero en mejoras.

Los residentes de este desarrollo habitacional dicen que  precisamente esa información se les ocultó desde el principio, y que de haber sabido esto no hubieran firmado ningún documento.

Fue a principios del 2002 que la asociación sin fines de lucro St. Joseph’s Carpenter Society inició las sesiones para que la gente pudiera hacerse de un hogar en este desarrollo.Entre 2002 y 2004, las 150 personas se fueron haciendo de un hogar y no fue sino hasta el otoño pasado que ellos se enteraron de las restricciones.

“Nos lo presentaron muy fácil, y uno se sentía muy bien de hacerse uno de una casa”, dijo José M. Feliciano. “Pero si lo hubiera sabido ¡Ni un burro firma un documento así, ni un burro! ¡Cómo yo le iba a hacer un cheque al gobierno por $70.000!”.

Al igual que Feliciano, José Luis Sánchez Ortiz, otro residente de Bladwin’s Run, dijo que nunca recibió información acerca del 95/5.
“Nosotros le hemos metido dinero para mejorar la casa porque el material que usaron no era de buena calidad”, dijo.

Agregó que aunque no piensa vender la casa, la peligrosidad del vecindario es algo que lo ha hecho pensar mudarse y vender el inmueble.
“Ahí hay drogas, hay violencia. Y en caso de que yo me pensará salir de ahí, yo quiero llevarme algo y no darle todo e dinero al estado y que se queden con él”, dijo.

Para él, una situación ideal sería que el estado y los inquilinos acordaran que ambos recibirían el 50 por ciento del valor de las casas.
Hasta el cierre de esta edición, las llamadas hechas a St. Joseph Carpenter’s Society no fueron regresadas.