El Gobierno mexicano elabora una iniciativa de Ley Nacional de Seguridad Pública para centralizar todos los instrumentos del Estado contra el crimen organizado y crear algunos nuevos, como un centro de información criminal y policial, informaron hoy fuentes oficiales.

México es sacudido desde hace tres años por una ola de violencia atribuida al crimen organizado que en ese periodo se ha cobrado más de 7.000 vidas y ha obligado al Gobierno federal a enviar a miles de soldados y agentes a combatir a la delincuencia en varios estados del país.

La propuesta de la nueva ley surge después de la reunión XXIII del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 21 de agosto pasado, que por primera vez reunió a todos sus integrantes -poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más autoridades locales y organizaciones civiles-, impelidos por la presión social, que exige un alto a la ola de violencia.

Con la nueva norma, de acuerdo a un comunicado de las secretarías de Gobernación (Interior) y Seguridad Pública (SSP federal), habrá una coordinación en los sistemas de justicia y policiales en operativos conjuntos, en procedimientos de uso de fuerza y en intercambio de información.

La medida establece que toda la información sea manejada en la Plataforma México, que contendrá los registros nacionales de detenciones, crímenes, corporaciones policiales, y armas.

Las autoridades reconocen que uno de los problemas que tienen para combatir al crimen organizado es la falta de coordinación de las más de 1.500 corporaciones que existen en el país y la penetración de la delincuencia en las filas policiales, por lo que han iniciado su depuración.

En una rueda de prensa tras concluir una reunión con el ministro de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García, admitió que hay delincuentes "infiltrados" en las policías.

Explicó que "una apuesta del crimen ha sido infiltrar a las policías".

"Hemos encontrado referencias importantes donde ellos intentan en todo momento buscar cooptar (reclutar), corromper o inclusive intimidar a las policías", agregó.

En México hay cerca de 400.000 policías, el 95 por ciento municipales y estatales frente a un 5 por ciento de federales.

El ministro García admitió que una de las presuntas líderes de una banda de secuestradores que plagió y mató a un adolescente cuyo cuerpo fue hallado en agosto pasado, en un caso que sacudió a la opinión pública, pertenecía a la Agencia Federal Investigaciones (AFI) y que estaba en proceso de examen de confianza.

Mouriño puso como ejemplo del proceso de depuración, la captura de 26 policías del sureño estado de Tabasco que son investigados porque presuntamente recibían dinero de narcotraficantes y de una treintena en la norteña ciudad de Torreón que aparentemente protegía a delincuentes.

El ministro dijo que también se trabaja en una estrategia nacional contra el secuestro, que tiene que ser acordada con los gobiernos de los 32 estados del país.

Los funcionarios explicaron que los Centros de Control de Confianza se proponen evaluar a todos los policías del país, cuyo patrimonio y entorno social van a ser investigados y que van a ser sometidos a exámenes psicológicos y de toxicología, además de a un detector de mentiras.

"Lo que planteamos es que de todos los policías sin excepción tengamos registro completo, de su entorno personal, familiar, de ADN, el registro de huellas; registro de voz para tener alcance, en caso de un secuestro, de ver si alguno de ellos está involucrado con un hecho delictivo y tener un sistema de seguimiento para aquellos policías que sean retirados de servicio", dijo García.