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Texas desafía a la Corte Internacional de Justicia

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El estado de Texas dijo que no acatará una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de revisar los casos de cinco mexicanos condenados a muerte y que seguirá con el proceso que culminaría en su ejecución.

“Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero”, dijo Robert Black, el portavoz del gobernador, Rick Perry.

Black señaló que el estado de Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el máximo tribunal de la ONU.

Esa postura no ha sorprendido a quienes se oponen a la pena de muerte.

“Texas ha demostrado que no le importa lo que piense el mundo”, dijo Rick Halperin, presidente de la Coalición de Texas para la Abolición de la Pena de Muerte, una organización no gubernamental.

Desde que Perry asumió ha permitido la ejecución de 168 reos, una cifra récord, pero las ejecuciones de mexicanos estaban suspendidas en ese estado, como en el resto del país, después de que México iniciara el caso ante la CIJ en 2003.

Esa moratoria terminará el 5 de agosto, cuando una mezcla de cloruro de potasio y otras dos sustancias químicas detendrán el corazón de José Medellín por violar y estrangular a dos adolescentes en 1993, a menos que el asesino mexicano obtenga la clemencia de Perry.

El gobernador nunca la ha dado en sus casi ocho años en el cargo.

También podría intervenir el Tribunal Supremo de EEUU para aplazar la ejecución.

Los procesos para aplicar la pena de muerte a los otros cuatro mexicanos también están muy avanzados, según la embajada de ese país en Washington.

La inminencia de las ejecuciones llevó a México a apelar a la CIJ, que ordenó al Gobierno de Estados Unidos tomar “todas las medidas necesarias” para suspender de forma provisional las inyecciones letales mientras se revisan los casos de sus ciudadanos encarcelados al norte del Río Bravo.

Sin embargo la decisión del Gobierno central difiere de la que toman los estados, que en el pasado han manifestado poco interés en seguir los dictámenes de la CIJ.

De hecho, el presidente Bush, quien negó clemencia a 152 reos cuando era gobernador de Texas, se ha visto forzado a colocarse en la incómoda posición de instar a los estados a seguir las sentencias de la CIJ.

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