A la ley que busca dotar de vivienda de interés social a Filadelfia le falta superar todavía un escollo.

Aunque
en un principio había sido diseñada para beneficiar a ciudadanos con
ingresos arriba del promedio de pobreza, ahora fue modificada para que
beneficie a núcleos familiares que sobreviven con el salario mínimo,
aseguró William A. Carter, asistente del concejal Darrell L. Clarke.

Sin
embargo, todavía no hay acuerdo entre el Concejo y las compañías
constructoras sobre el tipo de incentivos o compensación de costos que
deberán recibir éstas por destinar un porcentaje de sus desarrollos
urbanos a vivienda de interés social.

"El Concejo ratificó la
ley de inclusión, pero dejó abierta para discusión una lista de
incentivos para neutralizar el costo lo mejor posible para ambos
lados", dijo Sam Sherman, presidente de la Asociación de la Industria
Constructora (BIA).

Sherman comentó que debido a que el
costo de construcción es relativamente alto, se necesita llegar a un
acuerdo con la ciudad y el Concejo para reducirlos a un nivel justo.

Aseguró
que mientras no se llegue a un acuerdo con la ciudad sobre este tema,
la implementación de la ley ––que fue aprobada por el Concejo en
diciembre del 2007–– se mantendrá paralizada.

BIA divulgó esta semana el documento "Análisis de la legislación de zonas de inclusión", en el que cuestiona dicha ley.

"Existe
un estudio que evidencia el gran elefante en el salón", dijo Sherman,
al referirse a lo que ellos consideran una gran cantidad de normas
burocráticas bajo el control de la ciudad que incluye la demora en
papeleos para que se otorguen los permisos de construcción.

Dijo que estas al final cuestan mucho dinero a las constructoras.

El
informe evidencia que, además de los factores burocráticos, dicha
legislación desalentaría el desarrollo de vivienda de bajo costo en
Filadelfia debido al alto costo de construcción en la ciudad, la
escasez de trabajos que paguen sueldos adecuados para tener un poder
adquisitivo a la par con ciudades como San Francisco (California),
ciudad que se utilizó como patrón de estudio.  

La oficina
del concejal Clarke respondió que será difícil neutralizar en su
totalidad el costo de construir en la ciudad, pero que de ninguna
manera se pasaran incentivos que desalienten el desarrollo de
infraestructura en la ciudad.  

"Justo ahora estamos
estudiando el tema y le estamos poniendo un valor en dólares a cada uno
de los incentivos que pidieron (los constructores) en su estudio… pero
nosotros tenemos un cronograma de vencimiento para ratificar por
completo la ley", dijo Carter.

Aseguró que Clarke tiene en mente poner un finiquito antes de que termine el 2008.

Inclusión pendiente

A
principios de año, grupos sin fines de lucro impulsaron una enmienda a
la ley para que no excluyeran a los trabajadores de escasos recursos.

Estas
organizaciones cuestionan ahora que la industria de la construcción
sólo pretende alargar el plazo para que la iniciativa no se ratifique
en su totalidad.

"Mientras la ley no se complete y no se
llegue a un acuerdo con la lista de incentivos pendientes a las
compañías constructoras no se les requerirá que cumplan con la
iniciativa de inclusión", dijo Jill Feldstein coordinadora de ayuda
legal para el Proyecto de Mujeres para la Revitalización Comunal
(WCRP).

Según Feldstein, en otro estudio realizado por la
WCRP, con esta ley de inclusión no solo gana la ciudad sino también la
gente trabajadora que no completa dinero para una casa.

"Ellos
pueden designar el 10 por ciento de lo fincado para vivienda de interés
social, depositar en un fondo de ahorro una cantidad de dinero con base
en el costo de la obra, o construir el 15% de la vivienda en alguna
otra parte de la ciudad", precisó.

Feldstein argumentó
también que la ciudad está en la posición de acomodar las necesidades
que se especifican en el estudio de BIA y que ellos están listos para
poner en marcha la enmienda de inclusión.

"Para sacarle
beneficio a esta situación es necesario trabajar juntos, todos vamos a
tener que dar y sacrificar algo", puntualizo Carter.