Luis Sagardía está decidido a no dejar que el gobierno de Nueva
Jersey se quedé con el 95 por ciento del valor de su casa, a la cual le
ha invertido hasta $30.000 en arreglos.

De igual forma dice que luchará para que sus 52 vecinos no corran la misma suerte.

En
junio del 2000 Sagardía cumplió "el sueño de comprar una casa" mediante
un programa de vivienda de de interés social en el residencial
East&Oak Estate en Vineland (NJ).

Desde el principio él
supo que por tratarse de una vivienda de interés social, en caso de
decidir venderla en un periodo menor a los 10 años, el gobierno del
estado iba a imponerle un precio de venta.

Con esto, el gobierno de Nueva Jersey busca que como él, otros tengan acceso a vivienda para personas de escasos recursos.

"Me pareció justo, estuve de acuerdo y firmé", dijo.

Sin
embargo, seis años después, en agosto del 2006, recibió una carta en la
que el gobierno de Nueva Jersey le informaba que su casa podía estar
sujeta a una restricción conocida como 95/5, si la vendía antes de 30
años.

De esta forma Nueva Jersey se queda con el 95% del valor que adquiere la propiedad por plusvalía y arreglos.

Dicha
carta fue enviada a por lo menos 5.000 propietarios de vivienda de
interés social que compraron, sin saberlo, casas con la restricción
95/5.

La cosa esta así: Gracias al subsidio de gobierno
Sagardía compró una casa valuada en $101.000 por $88.500 dólares. Si
vende su casa dentro de los primeros 10 años el gobierno le impondrá el
precio a su vivienda, digamos que le impongan un precio de $110.000
dólares, Sagardía podría quedarse con el resto del monto: $21.500
dólares.

Pero el problema surge en caso de que se quede con la vivienda por más tiempo.

Digamos que Sagardía decide vender su casa después de vivir en ella por 25 años.

Dados los arreglos y plusvalía la casa adquiere un valor justo en el mercado de $200.00 dólares.

Pasados los 25 años, la casa adquiere así un valor extra de $111.500
dólares, de los que Sagardía tendrá que otorgar el 95% al gobierno:
$105.925. Por lo que su ganancia sería de sólo $5.575 dólares, cantidad
incluso menor a la que hubiera ganado de haber vendido en los primeros
10 años.

"¿Usted cree qué si yo hubiera sabido que no me
valía de nada meterle dinero a mi casa la hubiera comprado", cuestionó.
"¡Claro que no! Hubiera preferido comprarla al precio real para así
poder venderla cuando quiera y como quiera", dijo.

Según Sagardía, la escandalosa cifra le quitó el sueño, y durante dos meses revisó con lupa su contrato.

"¿95%? Eso es ridículo (…) ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué me cambiaron los 10 años por 30 años?", cuestionó.

En
el contrato dice que en las localidades que reciben ayuda del estado
las restricciones de las viviendas terminan en 10 años, el cual es el
caso de Vineland, según su abogado.

Sin embargo, cuando hizo
el cierre del negocio firmó sin saber una forma en la que aceptó que
esta cláusula no aplicara para él.

"Esa forma que firmé era invisible entre tantos papeles, yo no me di cuenta, me engañaron y firmé", dijo.

"Ellos
no hubieran podido vender las casas si el comprador hubiera sabido esto
(…) encontraron una manera de estafar a la gente de un forma legal (…)
he visto que están vendiendo mansiones de $300.000 a $200.000, siguen
haciendo el engaño y la gente sigue cayendo, pero voy a descubrirlos",
advirtió.

Por medio de Al DÍA, Sagardía se enteró de las
120 familias hispanas del residencial Baldwin's Run en Camden que
enfrentan el mismo problema.

Sagardía ya cuenta con ayuda de
un abogado para pelear contra el estado por su caso, y también, si se
unen, por el de 52 vecinos en Vineland, los estafados de Camden y en
general los cerca de 5.000 que han adquirido vivienda de esa forma.

" Yo me puedo ir a entrevistarme con quien sea que tenga el problema,
tenemos que unirnos porque estamos peleando contra un monstruo (el
estado)", concluyó.

Si tiene un caso similar, comuníquese con Sagardía al 856 691 8529.

Camden prepara protesta

Unas
120 familias hispanas que no van a poder vender y ganarle a sus casas
lo que esperaban hacen parte de los afectados en Camden.

El
próximo primero de mayo a partir de las 10 de la mañana, estos
habitantes de la unidad habitacional Baldwin's Run se reunirán frente
al centro St. Joseph Carpenter localizado en la 22 Church st. para
protestar por los términos de su contrato.

Los afectados
invitan a vecinos y simpatizantes a apoyarlos. "Vamos a sacar la verdad
a la luz", aseguró José Martínez, vicepresidente de la organización de
vecinos descontentos.

"Sí le explicamos"

Eloisa
Mayers, dueña de Mayers E&R Homes, Inc., inmobiliaria que construyó
el residencial en el que Sagardía reside, dijo que él pudo comprar la
vivienda en la que reside porque el estado de Nueva Jersey lo calificó
como persona de salario bajo.

Agregó que Sagardía tuvo que
pasar por un proceso de calificación por parte del estado y éste tuvo
que haberle explicado los términos a los que se atenía durante este
proceso.

También dijo que se le volvió a explicar el día que
firmó el contrato. Sin embargo, Mayers dijo que la restricción debe ser
sólo por 10 años. "Hasta donde yo se no hay nadie que tenga restricción
por 30 años, pero se que el estado habló de cambiar esto", dijo.

Sobre
esto Sagardía dijo que si Mayers misma no lo sabe es porque tal vez
ella también fue víctima del engaño y la invita a que se una por su
causa y la de sus vecinos.