El pasado 13 de junio, en Atlanta (Georgia), un hecho médico extraordinario y cargado de dilemas bioéticos sacudió a la comunidad médica y a la opinión pública: una mujer fue declarada con muerte cerebral y mantenida en soporte vital durante casi cuatro meses, para permitir que su embarazo continuara hasta un parto prematuro.

La protagonista es Adriana Smith, una enfermera de 31 años que ingresó en febrero con fuertes cefaleas. Tras múltiples controles, se identificaron coágulos cerebrales. En cuestión de horas fue catalogada con muerte cerebral mientras su embarazo recién alcanzaba las ocho o nueve semanas de gestación

El dilema surgió a raíz de la aplicación de la Ley LIFE de Georgia, implementada en 2022 tras el fallo Dobbs, que prohíbe abortos pasadas las seis semanas, salvo excepciones muy limitadas. Según la interpretación médica, al haber latido fetal, el término “abortar” no aplicaba si se retiraba el soporte vital. Sin embargo, esta interpretación fue matizada por el fiscal general del estado, quien aclaró que desconectar el soporte vital de una persona en muerte cerebral no constituye un aborto bajo la ley

El 13 de junio, mediante cesárea de emergencia, nació un varón bautizado como Chance prematuro extremo, con un peso de apenas 822 gramos (1 lb 13 oz). Fue ingresado de inmediato en cuidados intensivos neonatales

Tanto su figura como la comunidad médica subrayan que, a pesar del entorno legal, la intervención médica correcta era mantenerlo en la madre hasta lograr viabilidad, ya que un bebé de menos de 900 gramos requiere cuidados especializados en una unidad NICU y estrategias como incubación, surfactante pulmonar, sonda y respiración asistida

Aunque este tipo de nacimientos son excepcionales, la literatura recoge casos de “somático‑soporte materno tras muerte cerebral”, con apenas 30 precedentes entre 1982 y 2010, y alrededor de una docena con éxito en Estados Unidos 
en.wikipedia.org

El caso revive la discusión sobre los derechos reproductivos, el consentimiento informado y el peso de las legislaciones en decisiones médicas. Activistas han calificado la situación como una experiencia “torturante” para la familia, que perdió la capacidad de decidir sobre el destino de Adriana . De lado médico, se reconoce que la decisión de sostener la vida somática de la mujer era el único camino viable para que Chance pudiera sobrevivir.

Tras el nacimiento, el cuerpo de Adriana será desconectado. Técnicamente, el procedimiento no entra en conflicto con la ley 
pero deja al descubierto la fina línea entre legislación, ética y medicina.

Este episodio pone en evidencia la evolución crítica del derecho reproductivo estadounidense y plantea interrogantes sobre la autonomía de las mujeres, la interpretación legal en situaciones límite y el alargado impacto de la medicina. La historia de Adriana y Chance seguirá generando reflexiones en la bioética y políticas públicas.