Puerto Rico ingresa a su noveno año de profunda recesión, que pone ante la gente las injusticias de un desempleo descomunal, tasas de participación de la fuerza laboral anémicas y una deuda pública ascendente (aplastante). Nuestra respuesta a la crisis, que afecta a 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses, ha sido un encogerse de hombros colectivo.

Puerto Rico entró recientemente en la consciencia pública cuando uno de los boletos ganadores de la lotería (Powerball) se vendió allí. De repente, la Internet se volvió un hervidero con controversias respecto a que si el ganador pagaría los impuestos federales sobre el dinero inesperadamente ganado. Aunque el público en general quizá esté percatándose de la noción que uno puede hacer dinero en Puerto Rico sin pagar impuestos federales, los compradores de bonos municipales lo han sabido ya durante mucho tiempo. Cuando el gobierno y la empresa de energía de la isla emitieron bonos para financiar sus operaciones, los compradores de deuda aprovecharon los bonos e interés libres de impuestos. La deuda actualmente se encuentra arriba de los $70 mil millones, y la isla está en estado de crisis.

En virtud de la ley actual, las entidades públicas y agentes de Puerto Rico no pueden buscar el amparo del procedimiento de quienes se enfrentan a la quiebra. Esto limita las opciones para alcanzar una solución ordenada de la deuda. Con las manos atadas, el verano pasado la legislatura de Puerto Rico aprobó una ley diseñada para permitir que la empresa de energía pudiera ampararse bajo un tribunal especial de la Mancomunidad para reestructurar la deuda. Sin embargo, en una opinión fechada 6 de febrero, la “Ley de recuperación” (Recovery Act) fue invalidada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El Tribunal sostuvo que la ley federal se adelantaba al intento de la legislatura de crear una ley local de tipo quiebra. El Tribunal de apelaciones del Primer Circuito estudiará la decisión pero la Ley, sea o no adelantada, no es un remedio.

La tasa de desempleo de la isla está mejorando pero a finales de 2014 se encontraba en 13,7 por ciento, lo que equivale al doble de la tasa en la mayoría de estados. En comparación, el desempleo de Mississippi fue el puntaje más alto para el estado con 7,2 por ciento, y el Distrito de Columbia se anotó una tasa de 7,3 por ciento. El porcentaje de la población de la isla que participa en la economía es aún más desconcertante. Según la Oficina de estadísticas laborales, sólo 35,2 por ciento de los puertorriqueños de 16 años de edad y mayores estaba empleado en el 2013—el año más reciente para el cual hubo estadísticas disponibles. En todos los Estados Unidos, la tasa de participación en el empleo para el mismo grupo etéreo era 58,6 porciento. Muchos residentes han tomado la decisión de autoconservación de irse de la isla.     

De forma similar a muchas localidades en el mundo, cuando la situación se puso difícil, la exigencia de medidas de austeridad fue fuerte y fue emitida por quienes tenían influencia económica. Los dos gobernadores más recientes obedientemente pusieron en práctica la austeridad —reduciendo el gasto del gobierno y eliminando empleos públicos, entre otros. Sin embargo, la economía aun renquea y el éxodo ha continuado.  

Entiendo que escribir sobre la continua calamidad de Puerto Rico está cargado de cierto peligro. La política de la isla es complicada y está envuelta en el debate sobre si el estatus territorial de la isla debe o no ser modificado y qué tipo de cambio podría ser implementado –la condición de estado, la independencia o algo en el medio.

 La razón por la que escribo de todas maneras es sencilla. Me enamoré con la isla de niño y ahora he transferido ese amor a mis hijos. Nuestro hogar está lleno de pinturas coloridas de la antigua ciudad, de ranas nocturnas de plástico y de fotografías de mi familia en El Morro, la guarnición construida por los españoles al borde del puerto de San Juan.

Con ese fondo en mente, exhorto a nuestros representantes en Washington D.C. a responder enérgicamente, si realmente valoramos nuestra relación con Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico (nuestros conciudadanos) necesita asistencia y esas 3,5 millones de personas deben ser considerados como partes interesadas cruciales en el futuro de la isla y  de las políticas fiscales.

Algunas personas relacionadas con el entorno político y social de Washington D.C. están prestando atención. El comisionado residente de la isla, Pedro Pierluisi, un representante sin voto ante el Congreso, aseguró cierta medida de concientización cuando recientemente reintrodujo un proyecto de ley que extendería la opción de quiebra municipal bajo el capítulo 9 a las entidades públicas de Puerto Rico. El proyecto de ley de Pierluisi debería ofrecer una apertura para ampliar la conversación hacia formas para promover el crecimiento de empleo y la expansión de la base impositiva, a largo plazo.

La indignación moral con respecto a las deudas públicas debería dar paso a la discusión del gasto eficaz (con la supervisión correcta) para crear oportunidades de empleo y poner dinero en los bolsillos del pueblo. Nuestros líderes deben aceptar que el cambio es necesario y ser audaces. Pensar en formas para desarrollar las pequeñas empresas y fomentar la inversión en la educación y los niños y los jóvenes. Existen muchas iniciativas que podrían dar fruto. La negligencia no es una de ellas. Llegó el momento de entrar en la cancha y hacer algo al respecto. 

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Matt Vocci se graduó de la facultad de derecho de Temple y es abogado en Baltimore.