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Ratificación del pacto de Colombia

Ha llegado el momento de que Estados Unidos ratifique el tratado de libre comercio con Colombia.

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Mayo 17, 2022

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CARTAGENA, Colombia – Ha llegado el momento de que Estados Unidos ratifique el tratado de libre comercio con Colombia.

Debe hacerlo por la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos y por el notable progreso que implica para los derechos humanos y la democracia en Colombia. Durante casi 40 años, este país sudamericano ha librado nuestra guerra contra el narcotráfico, que ha pagado cara en bajas. Sin embargo, no hemos sabido ratificar un simple acuerdo de libre comercio cuatro años después de su negociación.

Los colombianos están comenzando a desesperarse, y con razón. “Ha llegado el momento de decir si vamos a proceder con este acuerdo o no”, dijo la semana pasada Luis Guillermo Plata, ministro de Industria y Trabajo, después de que Ron Kirk, el representante especial de comercio de Estados Unidos, se negara a especificar, en testimonio ante el Congreso, qué más desea Estados Unidos de Colombia antes de que el gobierno de Obama procure una ratificación.

Se pensaría que Washington habría aprendido su lección del tremendo resentimiento que creó en Afganistán tras apoyar la lucha del país contra la Unión Soviética para después abandonarlo.

El acuerdo de Colombia podría ser aún más frustrante, ya que favorece tan obviamente los intereses norteamericanos. Colombia, que procura crear la confianza de inversores, quiere que el amplio acceso de sus exportaciones a Estados Unidos durante casi 20 años, bajo preferencias temporales a causa de la guerra contra el narcotráfico, sea permanente. Los exportadores norteamericanos se beneficiarían más de los aspectos nuevos del tratado —acceso favorable a los mercados colombianos para competir mejor, por ejemplo, con exportadores de granos argentinos y fabricantes chinos.

El presidente Obama ha pedido un nuevo impulso exportador por parte de Estados Unidos, a fin de recuperar puestos de trabajo perdidos. Sin embargo, el tratado colombiano —como tratados similares pendientes con Corea del Sur y Panamá, y la resolución de una disputa sobre camiones transportadores de mercancías con México— está detenido por una oposición errada de los sindicatos y sus defensores demócratas en el Congreso. Obama está esperando el momento político adecuado para hacer algo que no les agradará. Tras poco movimiento durante el gobierno de George W. Bush, la espera ya ha sido demasiado larga.

Los que se oponen al tratado con Colombia citan violaciones de los derechos humanos y, específicamente, el asesinato de organizadores sindicalistas, como motivo para bloquear el acuerdo. Grupos tales como Amnesty International y Human Rights Watch se han unido a sindicatos norteamericanos y colombianos, aún cuando el tratado comercial no tiene nada que ver con los derechos humanos.

En verdad, al restringir el crecimiento económico de Colombia, los críticos del tratado están perjudicando a la clase obrera y a los pobres de Colombia, en un momento en que millones de personas se han visto desplazadas debido a la violencia en ese país, donde el desempleo es el más elevado de Sudamérica. Los grupos de los derechos humanos también están impidiendo que el gobierno reciba los ingresos que necesita para proveer de servicios y de seguridad, el principal derecho de un ser humano.

Eso en sí es errado, pero aún peor es que sus acusaciones sobre la situación sindical de Colombia son simplemente falsas. No hay matanzas sistemáticas de líderes y miembros de sindicatos, ni tampoco un ataque organizado ni sancionado por el gobierno ni ninguna otra entidad.

Algunos miembros de los sindicatos han sido asesinados —28 el año pasado, según el gobierno, mientras en 2001 murieron 205— pero tal como lo demuestra un estudio imparcial de dos académicos de la Universidad de Los Andes de Bogotá, Daniel Mejía y María José Uribe, la tasa de homicidios entre los colombianos en general, en 2008, fue seis veces mayor que entre los miembros sindicales. Utilizando las mismas cifras de los sindicatos, la tasa de homicidios entre miembros de sindicatos fue de seis por cada 100.000 personas, o aproximadamente igual a la tasa general de homicidios en Estados Unidos.

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Esto parece increíble, pero es cierto: los afiliados a sindicatos en Colombia pertenecen a la clase media y no viven ni trabajan en áreas rurales peligrosas ni en barrios deprimidos, donde tiene lugar casi toda la violencia de la guerrilla y del narcotráfico. E incluso esa violencia está decreciendo.

La violencia política relacionada con los sindicatos fue elevada en los años 90, pero tal como lo demuestran Mejía y Uribe, entre 2000 y 2008 no hubo vínculos entre el nivel de actividad sindical —de negociaciones salariales a manifestaciones callejeras— y el nivel de asesinatos de miembros sindicales. Ello coincide con las conclusiones de unidades investigativas especiales y de los tribunales, en las 334 condenas desde 2000, de que los motivos de dicha violencia se relacionaron, generalmente, con el robo o la pasión.

El asunto real en esta cuestión es ideológico. A los sindicatos no les gusta el libre comercio.

Al aceptar un fallo judicial que no le permite

postularse como candidato presidencial para un tercer período en mayo, el popular presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sentó un ejemplo de democracia. Ahora es necesario que Obama y el Congreso norteamericano sienten su propio ejemplo y reconozcan a Colombia como un valioso socio comercial.

La dirección electrónica de Edward Schumacher-Matos es [email protected].

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