No está claro lo que quiso decir el estratega en jefe de la Casa Blanca, Stephen Bannon, cuando sugirió recientemente la “deconstrucción del estado administrativo”. Según sus críticos, desmantelaría toda la superestructura de salvaguardas sociales y del medio ambiente, comenzando por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés, la que, según informes noticiosos, podría enfrentar un recorte de un quinto de su personal). Pero independientemente del significado de Bannon, el incesante crecimiento del estado administrativo es una realidad de la que no podemos escapar.

Para aclarar el vocabulario: el “estado administrativo” y el “estado regulatorio” son esencialmente la misma cosa. Es una empresa gigante. Clyde Wayne Crews Jr., del Competitive Enterprise Institute, un centro de investigaciones sobre el libre mercado, calcula que el costo de cumplir con las reglas y regulaciones federales sumó casi 1,9 billones de dólares en 2015, lo que equivale a alrededor de la mitad del presupuesto federal (3,7 billones de dólares en 2015).

Una crítica importante del estado administrativo es que, mediante su crecimiento agresivo, la rama ejecutiva usurpó el poder de otras partes del gobierno, principalmente, del Congreso. Las regulaciones de las agencias y las diversas formas de “guías” crean nuevas normas, en lugar de implementar simplemente las leyes existentes. Los tribunales no han detenido demasiado ese proceso, después de un fallo de 1984 de la Corte Suprema—Chevron U.S.A. vs. Natural Resources Defense Council—indicando que los jueces deben dar “deferencia” a las interpretaciones de las agencias ejecutivas, a menos que sus reglas sean claramente poco razonables.

Cuando sirve a sus propósitos, tanto los presidentes demócratas como republicanos recurrieron a interpretaciones amplias de sus poderes administrativos. Frustrada por la parálisis del Congreso en cuanto al cambio climático, la EPA de Obama propuso regulaciones—El Plan para una Energía Limpia—que requerían que las usinas eléctricas redujeran las emisiones de anhídrido carbónico. El gobierno de Donald Trump afirmó tener amplios poderes regulatorios para alterar la política migratoria.

Aún así, la frase “estado administrativo” es utilizada más que nada por conservadores, que consideran su crecimiento como una pérdida de libertad y un aumento no deseable de los poderes del gobierno. “El estado administrativo representa una forma de gobierno nueva y penetrante, y una perversión del auto-gobierno constitucional,” escribe el historiador Steven Hayward en el número actual de la publicación conservadora Claremont Review of Books.

Hayward considera que el estado administrativo se inició a principios del siglo XX con la influencia de los Progresistas, particularmente del presidente Woodrow Wilson. Los progresistas tenían una fe poco realista en que los expertos podrían guiar el progreso social, sostiene Hayward. Eso justificó un nuevo orden político: “El público [podía] hablar sobre los fines del gobierno, mientras que los medios se dejarían para los administradores expertos.” La misma filosofía prevalece hoy, dice Hayward.

Además de inmiscuirse excesivamente, la otra gran queja contra las regulaciones es que perjudican la economía. Nadie sabe realmente en qué medida, pero “hay amplias pruebas de que las regulaciones se expandieron y de que esa expansión limitó el crecimiento económico,” tal como lo expresaron recientemente Ted Gayer y Philip Wallach, de la Brookings Institution. Un estudio calcula que las regulaciones se llevaron un 0,8 por ciento de la tasa de crecimiento económico anual en Estados Unidos cifra que--si otros estudios lo confirman—sería enorme.

Existe una paradoja. Los norteamericanos tienden a gustar de los efectos de las regulaciones individuales y a reprobar los efectos de las regulaciones colectivas. Nos gusta el aire y el agua limpios, los vehículos más seguros; los fármacos eficaces; los mercados financieros honestos; los alimentos no-contaminados y muchas otras cosas. Pero nos desagrada la carga del cumplimiento colectivo que lleva tiempo y nos ahoga en papeleo. Podría desalentar la fundación de empresas y dificultar la supervivencia de las empresas existentes.

Ha llegado el momento de que el estado administrativo sea un concepto dominante, mediante la creación de un presupuesto regulatorio. La cuestión no es justificar la revocación instantánea de la mayoría de las reglas, como temen los críticos de Bannon, sino mejorar la comprensión y la responsabilidad. Debemos tener mejor idea del impacto de las regulaciones tanto en el gobierno como en la economía. Hasta ahora, tendimos a examinar las regulaciones aisladamente—un sesgo comprensible, porque (por ejemplo) no hay demasiada conexión entre las regulaciones para garantizar la seguridad de los alimentos y aquellas que afectan a la red eléctrica.

Pero ésa es la cuestión: Al comparar los costos y beneficios de regulaciones diferentes, podemos descubrir cuáles de ellas son verdaderamente valiosas y cuáles pueden desecharse sin demasiada, o ninguna, pérdida. O podemos darnos cuenta de que un enfoque en un área puede adoptarse provechosamente en otra. Los costos de las regulaciones, aunque inicialmente impuestos sobre las empresas, generalmente se transfieren a los consumidores mediante precios más altos.

En 2015, el Código de Regulaciones Federales sumaba 178.277 páginas en 237 volúmenes, informa el estudio anual de Crews. A fin de año, había 3.297 reglas nuevas; 218 eran “importantes económicamente”, lo que significa que se pensaba que tendrían un impacto anual de 100 o más millones de dólares.

Nos guste o no, tenemos un estado administrativo. No se irá. Estamos negando la realidad—y no deberíamos hacerlo.