Ha habido muchas conversaciones serias recientemente,
tanto de republicanos como de demócratas, sobre la reducción del déficit
presupuestario y el control de los gastos gubernamentales. El problema radica
en que casi nadie admite que, para lograr estos objetivos, se deben realizar
recortes significativos en los beneficios del Seguro Social y Medicare de los
baby boomers.

            Si
no lo hacemos, seremos condenados a una combinación de políticas inferiores.
Podemos elevar los impuestos drásticamente en los próximos 15 a 20 años,
aproximadamente en un 50 por ciento a partir de los niveles recientes, para
cubrir los subsidios en expansión de los ancianos y los actuales programas
gubernamentales. O podemos aceptar permanentemente enormes déficits
presupuestarios. Incluso si eso no generara una crisis financiera,
probablemente detendría el crecimiento económico y el estándar de vida. Lo
mismo sucedería con los impuestos más elevados. Existe una opción final:
recortes profundos en otros programas, desde Defensa hasta carreteras y
educación terciaria.

            Sin
embargo, ningún partido político parece interesado en reducir los beneficios de
los baby boomers. Hacerlo, se sostiene, sería "injusto" para la gente que
planeó su jubilación basándose en programas existentes. Bueno, sí, sería
injusto. En verdad, es difícil imaginar un momento peor para los recortes. El
desempleo es horroroso; la erosión en el valor de la vivienda y en las cuentas
de jubilación ha debilitado la riqueza de los ancianos. Sólo el 19 por ciento
de los actuales jubilados se siente "muy seguro" de tener suficiente dinero
para vivir "cómodamente", mientras que en 2007 esa cifra era del 41 por ciento,
informa el Employee Benefit Research Institute.

            Pero
no realizar los cortes sería también injusto para las generaciones más jóvenes
y el futuro de la nación. Tenemos un dilema de justicia: Tras haber evitado
estos problemas durante décadas, "ahora debemos ser injustos con
alguien". Admitir este hecho es demoler el razonamiento moral para
no tocar a los baby boomers. Los baby boomers —yo voy a la cabeza de esa
generación— y los beneficios que se les prometieron son el problema. Si se los
considera intocables, se evade el problema. En su conjunto, el Seguro Social,
Medicare y Medicaid representan dos quintos de los gastos federales, el doble
de la porción dedicada a Defensa.

            Las
soluciones son claras. Las edades requeridas para el Seguro Social (ahora 66
años para plenos beneficios y 62 para beneficios reducidos) podría elevarse
gradualmente. Se podrían recortar los beneficios para jubilados más ricos. A
los 65 años, los nuevos beneficiarios de Medicare podrían pagar parte o todos
sus costes de seguro hasta llegar a la edad requerida para los beneficios
plenos del Seguro Social. Aún entonces, los beneficiarios en mejor posición
económica podrían pagar primas más elevadas. Éstos y otros cambios deben
comenzar pronto —en unos años, una vez que la recuperación se fortalezca.

            Confesión:
he escrito columnas como ésta durante años. Poco ha cambiado. Las primas de
Medicare para los beneficiarios más ricos (con nivel de ingresos de 85.000
dólares para individuos y 170.000 para parejas) han aumentado modestamente,
afectando a alrededor de un 5 por ciento de los beneficiarios. Pero los
políticos temen realizar cambios mayores. Tienen pavor a un ataque de la AARP,
el principal lobby de los ancianos, y a la furia de millones de jubilados y
casi jubilados. La opinión pública es hostil. La mayoría aprueba la reducción
del déficit y pocos aprueban el cambio de los programas que lo crean. En una
encuesta Pew, el 58 por ciento de los encuestados se opuso a edades más
elevadas para el Seguro Social y el 64 por ciento rechazó primas más altas de
Medicare.

            Como
sociedad, nos hemos retirado de una discusión franca sobre las
responsabilidades públicas y privadas de la jubilación. La cuestión, evadida
durante mucho tiempo, es determinar en qué medida el gobierno debe subsidiar a
los norteamericanos durante los últimos 20 y 30 años de su vida. El Seguro
Social y Medicare han pasado a ser de una red de protección para la edad
avanzada a "un sistema de jubilación para la mediana edad", tal como lo
describe Eugene Steuerle, del Urban Institute. En 1940, las parejas que
llegaban a los 65 años vivían un promedio de casi 19 años, señala Steuerle.
Ahora, la cifra comparable para esas parejas es 25 años. Para los
norteamericanos que nacen hoy en día, se proyecta que serán 30 años.

            La
reorganización del Seguro Social y de Medicare tiene muchos propósitos:
extender la vida laboral de la gente; exigir que paguen más costes de su
jubilación, en lugar de descansar en subsidios de los norteamericanos más
jóvenes; impedir que los gastos de los beneficios a los ancianos perjudiquen
otros programas gubernamentales o la economía; crear un electorado mayor a
favor del control de costes de la asistencia médica. Los líderes
norteamericanos han andado en puntas de pie en torno a estos asuntos, hablando
insulsamente sobre limitar los "beneficios" o presentando propuestas de tal
complejidad que sólo unos pocos "expertos" comprenden.

            Sólo
el hecho de que éste sea un momento atroz para hablar de estas cuestiones no
significa que no se deba tratarlas. Cuanto más esperemos, más agudo será
nuestro dilema sobre justicia. No podemos abordarlo a menos que la opinión
pública participe y cambie, pero la opinión pública no participará ni cambiará
a menos que los líderes políticos desechen su egoísta hipocresía. Los ancianos
merecen dignidad, pero los jóvenes merecen esperanza. La aceptación pasiva del
status quo es el camino de menor resistencia —y una fórmula para la decadencia
nacional.

© 2010, Washington Post
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