La Ley S.B. 1070 de Arizona y los acuerdos 287-g del gobierno federal descaradamente usan el inconstitucional criterio de la “razonable sospecha” como el medio para identificar supuestos “inmigrantes ilegales” amparándose únicamente en su “apariencia mexicana”.

El criterio de “apariencia mexicana” ó “ascendencia mexicana” es una monstruosidad nacida de una confusa decisión de la Corte Suprema de junio de 1975.

“La Cuarta Enmienda sostenemos, no permite que una patrulla de frontera intercepte un vehículo cerca de la frontera mexicana”, dijo la Suprema Corte, pero acto seguido abrió una caja de Pandora al proponer que no era permisible “sólo cuando la única base de sospecha es que los ocupantes del vehículo parezcan ser de ascendencia mexicana”.

“Interceptaciones” por tener “apariencia mexicana” serían permisibles según la Corte si a ello se suman “otros hechos demostrables” tales como “hallarse a 100 millas de la frontera”, “información factual de cruces ilegales de frontera”, “comportamiento del conductor del vehículo”, o “el aspecto del vehículo”.

En apariencia justa, esta decisión concluyó: “La posibilidad de que cualquier persona de ancestro mexicano sea extranjera es suficientemente elevada para hacer de la apariencia mexicana un factor relevante, pero por sí sola no justifica parar a todos los mexicano-americanos para preguntarles si son extranjeros”. 

Parecer mexicano es entonces después de todo un riesgo para la gran mayoría de ciudadanos hispano-estadounidenses.

¿Abusarían las autoridades esta decisión de la Corte?  Parecer mexicano a los ojos de la policía, como sería el caso de prácticamente todo hispano estadounidense, es tristemente de alguna manera causa suficiente para que se sospeche de nuestra ciudadanía?  ¿Cómo es posible que esto le pase a 15% de la población estadounidense?

Allá en 1975 y hoy, las autoridades de forma abusiva van más allá de la ya confusa decisión de la corte; la mera apariencia mexicana se emplea por sí sola no solo para parar a transeúntes, sino para detenerlos y someterlos a requisas sin autorización.  Un clásico ejemplo es el del policía que detiene a la víctima de un accidente de tráfico porque parecía ser inmigrante, como lo denunció este año el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

“La prueba de la sospecha ha traído de hecho una situación donde la policía puede parar a ciudadanos en las carreteras por el más mínimo pretexto”, advirtió el juez Douglas de la Corte Suprema,  “las esperanzas de que la prueba de la sospecha a lo mejor sea utilizada solo para perseguir al crimen violento…ahora han sido destruidas, cuando han sido utilizadas…en la aprehensión de extranjeros “ilegales”, denunció el juez Douglas hace ya 35 años.

Irónicamente Obama atacó la ley 1070 de Arizona cuando él lleva una mayor responsabilidad en esta monstruosa violación de la Cuarta Enmienda, ya que su administración a una escala mucho mayor continua delegando poderes de inmigración con sus acuerdos 287-g a las policías estatales y locales en todos los Estados Unidos.

Nosotros los hispano americanos de “apariencia mexicana” en la práctica no somos iguales a los ojos ni de la ley ni de las autoridades.  Solamente rescatando la Constitución y su Cuarta Enmienda quizá prevenga  que se propague cual cáncer esta desgracia nacional.