El ministro de Medio Ambiente de Brasil hasta hace dos meses era Ricardo Salles, acusado de participar en el tráfico ilegal de madera hacia Estados Unidos. Es el ejemplo de lo que ha significado para Brasil, para el Amazonas y para la salud del planeta la posición del presidente Jair Bolsonaro. Sus acciones contra la preservación de la selva y el rechazo a las peticiones de las comunidades indígenas por la delimitación de sus territorios están en el otro extremo de quienes se movilizan para establecer medidas que contrarresten el deterioro ambiental. 

El centro de la discusión es la selva Amazónica, pulmón del mundo y fuente de una riqueza de biodiversidad incalculable. Eso lo saben todos, pero Bolsonaro, quien asumió el poder el primero de enero de 2019, y sus seguidores han hecho todo para ignorarlo. Las cifras de deforestación así lo demuestran:

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil reveló que en el 2019 la deforestación ilegal aumentó 88% con respecto al 2018. La respuesta de Bolsonaro fue poner en duda la cifra y recortarles presupuesto a instituciones responsables del control ambiental. Hace pocas semanas, el Inpe hizo pública una cifra preocupante: en junio se deforestaron 1.062 kilómetros cuadrados, como nunca desde 2015 cuando se empezó a realizar esta medición. Y en el primer semestre sumaron 3.609 kilómetros, en una carrera sin freno.

Mientras el presidente se burla de los compromisos con la salud del planeta, gobernantes regionales y empresarios hacen acuerdos y avanzan en programas para contrarrestar lo que se hace desde el gobierno federal.

Otro informe reciente también señala que ahora la Amazonía brasileña emite más carbono del que absorbe, lo que impacta seriamente el clima, previéndose que la temperatura de la región aumente 2 grados centígrados, cuando los acuerdos internacionales establecen como máximo 1,5.

Las acciones del Gobierno se han limitado a invertir una fortuna en despliegue militar en las zonas que están siendo arrasadas por la deforestación sin ningún resultado positivo a la vista. Además, redujo en 30 por ciento el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, en contravía de las promesas internacionales de Bolsonaro de fortalecer el sector y con la tala ilegal de árboles para el 2030.

En contraste, mientras el presidente se burla de los compromisos con la salud del planeta, gobernantes regionales y empresarios hacen acuerdos y avanzan en programas para contrarrestar lo que se hace desde el gobierno federal.

A Bolsonaro le quedan 16 meses en la Presidencia. La esperanza es que quien lo reemplace reanude la prioridad de la lucha contra el cambio climático y todo lo que eso implica para la salud del planeta.