El 30 de junio, el presidente Obama anunció que le otorgaba autoridad adicional al Ministro del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS por sus siglas en inglés) para tener discreción al procesar la devolución y retiro de niños menores de edad no acompañados procedentes de países no contiguos como Guatemala, Honduras y El Salvador”. 

 “Esto incluye cumplir nuestra obligación legal y moral de asegurar que cuidemos adecuadamente de los niños no acompañados que son detenidos”, declaró el presidente en su carga dirigida al Congreso, “mientras tomamos pasos agresivos para aumentar los recursos hacia nuestra frontera del suroeste para disuadir tanto a adultos como niños de realizar este viaje peligroso, aumentar la capacidad de los procedimientos de aplicación y de expulsión, y devolver rápidamente a los inmigrantes ilegales a sus países de origen”. 

Que no quepa la menor duda que esta es una declaración gramaticalmente analizada. Más de 52,000 niños no acompañados y 39,000 adultos con niños, la mayoría de ellos de Honduras, Guatemala y El Salvador, han sido detenidos en la frontera desde octubre del año pasado, provocando una crisis humanitaria sobre el que el gobierno y otros hablan en términos de la inmigración ilegal. 

Pero Kevin Appleby, director de la política de migración y asuntos públicos de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. (USCCB por sus siglas en inglés), ve esta situación de forma diferente. Él ve a los niños no acompañados y a las familias con niños en la frontera como buscadores de asilo o refugiados. “Muchos de estos niños tienen solicitudes de asilo válidas”, le dijo recientemente a CBS news.  

La USCCB lleva mucho tiempo siguiendo a la inundación centroamericana que huye de la “violencia generalizada a escala estatal y local así como a la ruptura correspondiente del estado de derecho” en Guatemala, Honduras y El Salvador. De hecho, un informe publicado por la USCCB en noviembre del año pasado, así como un estudio realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, determinaron que el éxodo de niños y familias de los países centroamericanos es un desplazamiento forzoso ya que sufrieron o enfrentaron daños o perjuicios que podrían señalar la necesidad de protección internacional.  

Honduras tiene el índice de asesinatos más alto del mundo –90.4 homicidios por cada 100,000 personas en 2012—según un informe de las Naciones Unidas publicado en abril del año pasado. El Salvador ocupa el cuarto lugar con 41.2 por cada 100,000 y Guatemala, el quinto con 39.9 (Otro país centroamericano, Belice, ocupa el tercer lugar con 44.7, y Venezuela, el segundo, con 53.7).

El Salvador tiene el índice más alto de femicidio, o el asesinato de mujeres motivado por género, en el mundo. Guatemala, ocupa el tercer lugar y Honduras, el sexto, según el informe de “Global Burden of Armed Violence” de 2011. 

Pero, al igual como en la década de los años 80 cuando los salvadoreños y guatemaltecos huyeron del genocidio y las sangrientas guerras civiles y buscaron refugio en los Estados Unidos, a los centroamericanos casi nunca se les otorga el estatus de asilados. Según el Consejo de Inmigración de los Estados Unidos “Aunque el número de solicitantes de asilo de Centro América y México ha aumentado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. (USCIS por sus siglas en inglés) muestra números bajos de otorgamiento de asilo para los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y mexicanos para los años fiscales de 2003 hasta 2012. Así mismo, los tribunales de inmigración otorgaron un número similarmente bajo de solicitudes de asilo defensivo durante esos mismos años. En el años fiscal 2012, los tribunales de inmigración otorgaron asilo a un promedio de 6 por ciento para los solicitantes salvadoreños, 7 por ciento a los guatemaltecos, 7 por ciento a los hondureños y 1 por ciento a las solicitudes mexicanas. Estas cifras contrastan con los promedios de otorgamiento de asilo de más de 80 por ciento de los solicitantes de Egipto, Irán y Somalia, para ese mismo período”. 

¿Entonces, por qué no llamar a estos niños y familias detenidos en las fronteras (y que pronto serán deportados como parte de la “estrategia de disuasión agresiva” y “aumento de seguridad sostenida en la frontera” del gobierno) por el nombre que los expertos claramente creen que llevan: refugiados y/o asilados?  

Porque otorgarles ese estatus significa que estamos obligados a considerar que “tienen derecho a la protección especial dada su posición”, según lo establecido en la Convención sobre la situación de los refugiados de 1951, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la cual los Estados Unidos es un signatario original. El Protocolo sobre la situación de los refugiados de 1967, además recomienda que “los gobiernos continúen recibiendo a los refugiados en sus territorios y que actúen de conformidad con el verdadero espíritu de la cooperación internacional para que estos refugiados puedan encontrar asilo y la posibilidad de reasentamiento”.

Perdido entre el discurso oficial sobre la repatriación y en el término depurado de menores no acompañados (en vez de niños no acompañados) se encuentra el hecho crudo que lo que se ha propuesto coloca a los verdaderamente vulnerables en serio peligro. Según el Centro para los estudios de género y de refugiados en San Francisco, “En Honduras, los niños enfrentan una situación especialmente atroz. Recientemente, el número de asesinatos extrajudiciales (ejecuciones ilegales auspiciadas por el gobierno) de menores aumentó de forma dramática”.  

Al elegir hacer de éste un problema de inmigración en vez de uno de asilo y refugiados, Obama puede reiterar ante un Congreso recalcitrante que la verdadera reforma de inmigración es necesaria.

Pero también alimenta el sentimiento contra la inmigración expresado fuertemente en los comentarios y acciones públicas. “Esta es una invasión”, dijo Raymond Herrera de “Wet he People” cuando él y otros “en estado de alerta” bloquearon los buses con 150 niños que estaban siendo transportados a un centro en California el 1 de julio. Y la compasión, cuando alguna vez se escucha con relación a este tema, aparece en mensajes privados y silenciosos que ni Obama y ni nuestros legisladores, claramente, escuchan.