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Universidades en GA verificarán estatus

Una orden pretende supervisar que estudiantes indocumentados no reciban ayuda financiera.

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Las universidades públicas de Georgia
deberán revisar el estatus migratorio de sus estudiantes antes del
próximo otoño, una medida que organizaciones civiles señalan podría
fomentar el perfil racial y tendría "un costo social" para el
estado.

Una moción dictada por la Junta de Regentes
Estatales ordena a las 35 universidades estatales a "revisar todas
las solicitudes de admisión para el semestre de otoño de 2010 para
determinar si personas indocumentadas están recibiendo o van a
recibir ayuda federal, estatal o local prohibida por leyes federales
y estatales".

"Esta decisión es un retroceso y un golpe a los
inmigrantes que
tendrá un costo social también para el estado porque la educación
siempre es la fuente del progreso y ahora se le está cerrando el
espacio a estos estudiantes, que en muchos casos no podrán seguir
sosteniendo sus estudios", dijo Adelina Nicholls, directora
ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia
(GLAHR).

Las universidades públicas de Georgia permiten la
matrícula de
inmigrantes indocumentados, aunque éstos no pueden recibir ayuda
federal o estatal y deben pagar la tarifa reservada para quienes no
son residentes del estado, que es tres veces mayor que la que se
cobra a quienes son residentes.

Si bien esta política de admisión
ha estado en vigencia desde el
año 2006, cuando se aprobó una ley que exigía a las universidades a
asegurarse de que los estudiantes indocumentados no recibieran
asistencia federal o estatal, la moción tendría el objetivo de
evitar que se den excepciones.

De acuerdo con varias
organizaciones hispanas, la decisión ha
sido motivada por el ambiente anti-inmigrante que ha generado el
caso de una joven indocumentada, Jessica Colotl, que fue detenida en
marzo por conducir sin licencia en la Universidad Estatal de
Kennesaw, en la que estudia, y en la que hasta ahora pagaba como
residente estatal.

"Lamentamos mucho una decisión que desde
nuestra perspectiva está
fundamentada en la situación política que se ha generado con el caso
de Jessica y por ello se está determinando el futuro de estos
jóvenes sin ver más allá el beneficio que traería en cambio dejar a
estos jóvenes en las escuelas", dijo la representante de GLAHR.

La
medida, que afectaría a más de 300.000 estudiantes
universitarios en Georgia, podría además prestarse a que se den
casos de perfil racial, de acuerdo con Mary Bauer, representante del
Southern Poverty Law Center (SPLC).

"Ellos pueden tener derecho a
verificar el estatus de los
estudiantes, pero nos preocupa los métodos que van a utilizar para
hacerlo y si éstos van a tener como resultado un aumento de casos de
perfil racial de los hispanos en Georgia", dijo Bauer.

El
asunto se ha convertido en tema central de campaña de varios
candidatos a la gobernación del estado que buscan impulsar medidas
que restrinjan el acceso a beneficios federales, estatales o locales
a inmigrantes indocumentados en Georgia.

"Nos preocupa que
algunos políticos quieren tomar un paso
adelante y negar completamente el acceso a las universidades o
atacar a los niños en las primarias al pedirles el estatus
migratorio", dijo Jerry González, director ejecutivo de la
Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO).

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