La Casa Blanca anunció dos nuevos indultos presidenciales. Los beneficiarios fueron Scott Howard Jenkins, exalguacil del condado de Culpeper (Virginia), sentenciado a diez años de prisión por cargos de soborno y fraude; y James Callahan, un dirigente sindical condenado por presentar informes laborales falsos en el Distrito de Columbia.

Ambos casos se suman a una lista cada vez más extensa de perdones y conmutaciones otorgados por el presidente Donald Trump desde que retomó el poder en enero. Y aunque en la superficie los beneficiarios presentan perfiles diversos, un análisis más profundo revela un patrón consistente: la mayoría han sido simpatizantes, donantes o aliados políticos del presidente, y muchos de ellos alegaron ser víctimas de persecución ideológica por parte del Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden.

De acuerdo con The New York Times, el caso de Jenkins fue presentado públicamente por Trump como un ejemplo de “una víctima de un Departamento de Justicia demasiado entusiasta bajo Biden”. Tras el anuncio, Ed Martin —nombrado recientemente como el nuevo abogado de indultos del Departamento de Justicia— publicó en redes sociales: “No MAGA left behind” y “¡Libertad para los cautivos!”, reforzando el tono abiertamente político de la decisión.

Martin no es un funcionario cualquiera. Según reportó el diario, es el primer nombramiento político en esa oficina en tiempos recientes, y su designación se produjo tras la destitución de una funcionaria de carrera que se negó a restituir el derecho al porte de armas al actor Mel Gibson, ferviente partidario de Trump. El propio Martin ha encabezado la llamada “Weaponization Working Group”, una instancia interna del Departamento de Justicia que busca —según sus propios miembros— “deshacer el daño” ocasionado por las investigaciones lanzadas contra Trump y sus seguidores.

Este nuevo enfoque se aleja deliberadamente del procedimiento tradicional del Departamento de Justicia, que evaluaba solicitudes de clemencia en función del arrepentimiento demostrado, el cumplimiento parcial de la pena y las circunstancias individuales del reo. Según The New York Times, Trump ha marginado por completo este proceso formal, privilegiando los lazos personales, la lealtad política y los discursos que refuerzan su narrativa de persecución judicial.

Un ejemplo revelador es el del exsenador estatal de Tennessee Brian Kelsey, quien se declaró culpable en 2022 de conspiración para desviar fondos de campaña. Tras ser condenado a 21 meses de prisión, Kelsey buscó sin éxito retirar su declaración de culpabilidad. Una vez Trump volvió al poder, presentó una solicitud de indulto donde afirmaba que había sido blanco de una “guerra jurídica” del gobierno de Biden. Fue indultado apenas dos semanas después de ingresar a prisión.

En un ensayo publicado el miércoles, Kelsey escribió que “la administración Biden libró una guerra jurídica sin precedentes contra el presidente Trump” y que también lo hizo contra “los partidarios de Trump, incluyéndome a mí”.

Un lenguaje similar utilizó Paul Walczak, exejecutivo de hogares de cuidado, condenado por fraude fiscal. Su familia había sido donante de campañas a favor de Trump, y su madre asistió a una cena privada de recaudación de fondos en Mar-a-Lago apenas tres semanas antes de que se anunciara el perdón.

El patrón se repite incluso en los casos más notorios. El 20 de enero, día de su toma de posesión, Trump indultó a más de mil personas condenadas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Entre ellos estaba Daniel Rodríguez, quien atacó a un oficial de policía con una pistola eléctrica. Aunque Rodríguez expresó arrepentimiento durante el proceso judicial, su defensa pública ante Trump se enfocó en presentarse como un prisionero político.

La narrativa de la “persecución judicial contra los conservadores” también fue central en la solicitud de indulto de los Chrisley, celebridades de reality condenadas por fraude bancario y evasión fiscal. Su hija leyó la carta de solicitud en un episodio de su pódcast, donde se afirmaba que su condena “ejemplifica el uso del sistema judicial para erosionar las protecciones constitucionales de las figuras públicas conservadoras”.

Según el Times, muchas de estas solicitudes están siendo elaboradas por un reducido grupo de abogados aliados al presidente, como Alex Little, quien representa tanto a Kelsey como a los Chrisley. Su estrategia consiste en vincular cada caso a una supuesta campaña de persecución bajo la administración anterior y presentar a los indultados como víctimas del “sistema”.

La nueva práctica ha generado lo que el periódico describe como “una industria informal de cabildeo por el perdón”, donde lo que prima no es el expediente judicial ni el tiempo cumplido, sino la lealtad pública a Donald Trump.

Aunque no todos los indultos tienen un tinte político —el mismo Trump ha incluido entre los beneficiarios a raperos, empresarios y exmiembros de pandillas—, la tendencia general apunta a un uso del perdón presidencial como herramienta para reescribir las consecuencias legales de aliados y seguidores.

Con estos movimientos, el perdón presidencial ha dejado de ser un acto de misericordia excepcional para convertirse en un instrumento de reparación política, recompensando a quienes abrazan y replican la narrativa de Trump sobre la “judicialización de la política”.