Las tensiones entre los gobiernos del presidente Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro han escalado en las últimas semanas, no solo por diferencias políticas y comerciales, sino también por una guerra abierta de discursos confrontacionales.

Paradójicamente, mientras el gobierno Trump exige a Petro moderar su retórica, mantiene un discurso propio marcado por descalificaciones, amenazas y una agresividad que ha provocado protestas fuertes, especialmente en California y su capital, Los Ángeles: en el caso de Trump, sus declaraciones públicas han terminado en políticas tan o más agresivas que sus discursos.

Este contraste evidencia la complejidad de la crisis diplomática entre ambos países y pone sobre la mesa una reflexión profunda sobre el papel de la retórica en la política contemporánea.

Trump, a lo largo de su mandato y aún después de asumir un segundo periodo, no ha escatimado palabras para atacar a sus contradictores y, en particular, a los migrantes que ingresan a Estados Unidos. Su retórica ha alimentado un clima de miedo y confrontación, reflejado en episodios como la intervención militar en California para contener protestas masivas en Los Ángeles, generadas en parte por sus políticas migratorias y mensajes amenazantes. En este contexto, la exigencia de desescalar el lenguaje al presidente Petro por parte de la administración Trump resulta, cuando menos, contradictoria.

El caso Miguel Uribe

El punto más reciente que ha tensado aún más la relación fue el atentado a tiros contra el senador colombiano Miguel Uribe, aspirante a la presidencia y figura de la derecha política. Uribe resultó gravemente herido durante un acto de campaña en Bogotá, un hecho que conmocionó al país y que provocó declaraciones inmediatas del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Rubio responsabilizó a la “violenta retórica izquierdista” del gobierno colombiano por el atentado, señalando que se trata de “una amenaza directa a la democracia” y que las palabras provenientes de los niveles más altos del gobierno de Petro son la raíz de esta violencia. Estas declaraciones, difundidas en redes sociales, avivaron la tensión diplomática y generaron controversia sobre la responsabilidad política detrás del ataque.

Gobierno Petro responde

Frente a estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro respondió con firmeza, denunciando que sectores de extrema derecha tanto en Colombia como en Estados Unidos estarían planeando un golpe de Estado en su contra. En un acto público en Cali, Petro acusó a personas vinculadas a la derecha extrema de mantener “conversaciones fluidas” con Marco Rubio para orquestar esta conspiración, aunque sin detallar las pruebas.

Estas denuncias se enmarcan en un contexto interno marcado por la violencia política, con múltiples ataques de grupos armados y una polarización extrema. La oposición ha convocado a una marcha de protesta para este fin de semana, agravando el clima de desconfianza mutua.

El embajador colombiano en Washington

En medio de esta escalada verbal, el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, emitió una contundente carta de respuesta dirigida a Marco Rubio y difundida por la Cancillería colombiana. En la misiva, García-Peña rechaza las declaraciones del secretario de Estado y detalla los avances en la investigación del atentado contra Uribe, destacando la detención de un menor sospechoso y el despliegue de más de 250 investigadores.

La carta enfatiza que el gobierno de Colombia ha actuado con todo el peso de sus instituciones para esclarecer el hecho, señalando que el ataque es parte de una conspiración criminal más amplia y que no puede atribuirse simplistamente a la retórica política. Además, solicita la cooperación técnica de Estados Unidos para rastrear el origen del arma y procesar a los autores intelectuales.

Este pronunciamiento oficial refleja la voluntad de Colombia de enfrentar la violencia con instituciones sólidas y rechaza categóricamente cualquier intento de politizar la tragedia con fines partidistas.

Una relación deteriorada

Las diferencias entre los gobiernos de Petro y Trump no son recientes. Han estado marcadas por disputas sobre migración —especialmente el rechazo de Petro a que migrantes viajen en aviones militares con grilletes—, la amenaza de aranceles por parte de Trump, y la decisión colombiana de sumarse a la Ruta de la Seda china, que ha generado el descontento de Washington.

Estas divergencias han enfriado una relación históricamente cercana y aliada, con Estados Unidos como principal socio comercial y estratégico de Colombia. La escalada retórica se ha vuelto un elemento central en la agenda bilateral, dificultando la cooperación en temas clave como la seguridad, el comercio y la lucha contra el narcotráfico.

Llamado a la cordura

En este juego de acusaciones cruzadas, surge una pregunta fundamental: en las actuales circunstancias, ¿quién realmente tiene la autoridad moral y política para pedir moderación y desescalar la retórica? La administración Trump, con un historial de discursos exagerados, descalificadores y en ocasiones mentirosos, no puede obviar su propia responsabilidad en la polarización interna estadounidense y en la tensión internacional.

Además, es evidente que los gobiernos en el mundo están hoy desatados en sus narrativas, muchas veces exageradas y hasta falsas. Todo indica que hoy la sindéresis —esa capacidad humana para el juicio prudente y moderado— ya no parece ser políticamente efectiva. Este fenómeno es alarmante, pues erosiona la confianza pública, fomenta la división social y pone en riesgo la estabilidad de los pueblos.

Para la región y para la comunidad internacional, la invitación es clara: reconocer la gravedad de la retórica política y apostar por un diálogo responsable, que permita superar las tensiones sin recurrir a la violencia ni a la desinformación. Los gobiernos tienen que entender eso y parar este recorrido por la senda de la retórica violenta y la desinformación. En algún momento podría no haber marcha atrás.