El presidente Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva que reactiva su ofensiva contra las llamadas “ciudades santuario”, en un nuevo intento por condicionar el acceso a fondos federales al nivel de cooperación que gobiernos locales brinden a las autoridades migratorias. Una de las primeras afectadas sería Filadelfia, ciudad con una larga tradición de protección a las comunidades inmigrantes.

La medida ordena al Departamento de Seguridad Nacional y al fiscal general publicar en los próximos 30 días una “lista oficial” de jurisdicciones que, según la Casa Blanca, obstruyen la aplicación de las leyes migratorias federales. Estas localidades podrían enfrentar sanciones presupuestarias y acciones legales, abriendo un escenario de tensión institucional con profundas consecuencias económicas y políticas.

“Esta orden está centrada en proteger a la población estadounidense de los migrantes ilegales criminales”, dijo la vocera de Trump, Karoline Leavitt. Según la funcionaria, las acciones del presidente ya han logrado una reducción del 95% en los cruces fronterizos desde marzo de 2024, cuando Joe Biden aún estaba en la Casa Blanca. “Trump ha restaurado el Estado de derecho”, afirmó.

Filadelfia: un nuevo capítulo en una historia larga

Filadelfia —que en el último año fiscal recibió cerca de 2.200 millones de dólares del gobierno federal, casi una quinta parte de su presupuesto total— ha sido blanco recurrente de estas disputas. En 2018, un juez federal bloqueó un intento similar de recortar fondos, al considerar que el Ejecutivo no puede imponer nuevas condiciones sobre subvenciones sin la aprobación del Congreso.

La ciudad fue una de las primeras en institucionalizar políticas de santuario moderno desde 2009. Aunque ha habido retrocesos y avances según el alcalde de turno, el gobierno local actual mantiene su compromiso de no colaborar activamente con ICE en la persecución de migrantes por su estatus legal.

La actual alcaldesa, Cherelle Parker, reafirmó que la orden ejecutiva de 2016 que protege a los inmigrantes sigue vigente. “Nada se interpondrá en mi compromiso por hacer de Filadelfia una ciudad más segura, limpia y con oportunidades económicas para todos”, declaró.

Sin embargo, organizaciones como Juntos consideran que la postura oficial ha sido ambigua y piden mayor contundencia. “Queremos que la alcaldesa declare públicamente que defenderá el santuario y se opondrá a los operativos de Trump”, dijo Erika Guadalupe Núñez, directora ejecutiva del colectivo.

Las tensiones legales resurgen

El trasfondo legal de esta ofensiva sigue siendo el mismo que en 2017. Jennifer Lee, profesora de derecho en Temple University, subraya que la Décima Enmienda prohíbe al gobierno federal coaccionar a estados y ciudades para que apliquen políticas migratorias. “No pueden simplemente cortar fondos porque no les gusta lo que las ciudades están haciendo”, señaló.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, también se pronunció con firmeza: “Mi trabajo es defender la Constitución. Si Trump no está de acuerdo, que lo intente y vea qué pasa”.

En paralelo, el Congreso —bajo control republicano— discute un paquete legislativo que reforzaría el control migratorio e impondría nuevas tarifas a los solicitantes de asilo. Las ciudades santuario, que se niegan a colaborar con deportaciones sin órdenes judiciales, son ahora el blanco principal de esta estrategia.

¿Qué significa ser una ciudad santuario?

Las ciudades santuario, como Filadelfia, limitan la cooperación de sus agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto incluye negarse a retener personas sin orden judicial o compartir datos migratorios que puedan conducir a deportaciones.

Aunque los detractores —como Trump— argumentan que estas políticas protegen a delincuentes, defensores de los derechos humanos y académicos resaltan que en realidad promueven la seguridad al fomentar la confianza entre comunidades inmigrantes y las autoridades locales.

“Filadelfia nunca ha sido un santuario para criminales”, escribió el juez Michael Baylson en su histórico fallo de 2018. “Es una ciudad que respeta la Constitución”.

El debate no es nuevo, pero el regreso de Trump a la Casa Blanca ha reavivado el conflicto. La lista oficial que publicará el gobierno federal podría servir como una nueva herramienta de presión. Para Filadelfia, representa otro capítulo en una batalla que define no solo su modelo de gobernanza local, sino su identidad como ciudad de acogida y diversidad.

Con información de AFP