En medio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha vuelto a colocar la migración educativa y el acceso diplomático bajo su lupa ideológica. En una ofensiva sin precedentes, su administración ordenó la suspensión inmediata de entrevistas para visas de estudio y activó una nueva política para negar visas a funcionarios extranjeros que “censuren a estadounidenses” o hablen contra el país en plataformas digitales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que estas medidas buscan proteger la seguridad nacional y defender la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses, pero en la práctica ambas decisiones refuerzan una narrativa de cierre, sospecha y confrontación.

Estudiar en EE. UU., solo para los “compatibles”

La orden de suspender entrevistas para visas F (estudiantes académicos), M (formación vocacional) y J (intercambios) afecta principalmente a los nuevos solicitantes. Según El País, la medida busca aplicar un nuevo sistema de verificación que revise la actividad en redes sociales de los aspirantes a ingresar.

En palabras de Rubio, el objetivo es impedir la entrada de “individuos hostiles a nuestros valores”, lo que abre la puerta a interpretaciones ideológicas sobre lo que se considera “hostilidad”. De hecho, esta iniciativa se produce pocos días después de que se revocara la autorización a la Universidad de Harvard para admitir estudiantes extranjeros, bajo el argumento de que “se ha convertido en un espacio inseguro para los estadounidenses”.

Aunque un tribunal suspendió de forma provisional esa medida, el Departamento de Estado canceló contratos universitarios por más de 100 millones de dólares. Para muchos expertos, se trata de una advertencia directa a las instituciones académicas: si toleran voces críticas o activismo, perderán el favor del gobierno.

Castigar la crítica: ¿una nueva diplomacia del castigo?

La segunda medida anunciada por el Departamento de Estado pone en la mira a gobiernos extranjeros. A través de un comunicado oficial, el gobierno estadounidense declaró que negará visas a funcionarios públicos, miembros de partidos o incluso académicos extranjeros si se comprueba que han promovido o facilitado la censura de ciudadanos estadounidenses.

Aunque la norma no menciona nombres ni países específicos, fuentes del propio Departamento sugieren que esta política podría aplicarse a naciones que han bloqueado contenido estadounidense en redes, que han emitido órdenes de arresto contra influencers de EE. UU. o que han solicitado a plataformas eliminar publicaciones de periodistas norteamericanos.

Este enfoque tiene un tono de “diplomacia reactiva”: cualquier acto que Estados Unidos considere una amenaza a la libertad de sus ciudadanos podrá tener consecuencias en materia de visas. Pero también hay ambigüedad. ¿Bastará una publicación crítica de un funcionario extranjero en Twitter para justificar la negación de su entrada al país?

Una política migratoria a medida del relato trumpista

Ambas decisiones forman parte de una tendencia más amplia del segundo mandato de Trump: consolidar un entorno migratorio y diplomático altamente selectivo, en el que los criterios políticos e ideológicos son tan determinantes como los legales.

Esto representa un quiebre profundo con el espíritu que durante décadas definió la política de atracción de talento global hacia universidades de EE. UU., así como con el principio de reciprocidad diplomática.

Además, añade una dimensión nueva: la vigilancia previa del pensamiento y la expresión como filtro migratorio. No se trata solo de quién entra por razones legales o de seguridad, sino de quién expresa simpatía por los valores que el gobierno actual considera aceptables.

El dilema de la libertad de expresión

Paradójicamente, en nombre de proteger la libertad de expresión estadounidense, el gobierno de Trump impone límites a la de los demás. En el primer caso, exige a los aspirantes a visa que eviten mensajes críticos en redes sociales si quieren estudiar en EE. UU. En el segundo, amenaza a gobiernos extranjeros con sanciones migratorias si critican a Estados Unidos o a sus ciudadanos.

Más allá de los efectos inmediatos en universidades, estudiantes y diplomáticos, estas medidas redefinen el perímetro simbólico del acceso a Estados Unidos. Lo que está en juego no es solo una visa, sino la posibilidad misma de disentir sin pagar un precio político.