La Sociedad Interamericana
de
Prensa (SIP) apostó este jueves por la reapertura de Radio Caracas
Televisión (RCTV) de Venezuela, en el tercer aniversario de su
"cierre", como "muestra de voluntad política" del Gobierno del
presidente Hugo Chávez.

En especial "en un año de contienda
electoral en la que el
público necesita acceder a información plural y diversa dentro del
necesario juego de las ideas que implica el sistema democrático",
indicó la organización, con sede en Miami, en un comunicado.

El
presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del
Diario Las Américas, de Miami, dijo: "Lo que consideramos
inicialmente como una medida temporal, el cierre de RCTV, se ha
convertido en la norma del Gobierno: eliminar las voces que
disienten".

Sin embargo, agregó que "siempre tenemos la esperanza
que en una
muestra de voluntad política democrática y respeto a la libertad de
prensa, el Gobierno de Hugo Chávez restituya la señal abierta de
RCTV".

La SIP informó que el 27 de mayo de 2007 el Gobierno
venezolano
se apoderó de los transmisores de RCTV y canceló su señal abierta.

"Desde
entonces, se viene acelerando un proceso de censura y
eliminación de medios de comunicación críticos, así como la apertura
de medios oficiales que responden a lineamientos y líneas
editoriales pro gubernamentales y de propaganda", apostilló.

El
Gobierno venezolano no renovó la licencia de transmisión a
RCTV por una frecuencia del Estado, tras vencerse la concesión a 20
años, y en su lugar comenzó a operar TVes, un canal oficialista, el
primero de servicio público del país.

Entre otras acciones y
medidas de presión, detalló la SIP, 34
radioemisoras han dejado de operar en Venezuela y se utiliza el
sabotaje económico contra medios críticos al Gobierno.

También se
han abierto 40 procesos judiciales y administrativos
en contra del canal privado Globovisión, cuyo presidente, el
periodista Guillermo Zuloaga, tiene prohibido salir del país por
acusaciones de vilipendio contra el Jefe de Estado.

La SIP,
asimismo, ha pedido que el Gobierno autorice la visita de
una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de
su Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar el
estado de las libertades de expresión y de prensa en Venezuela.