La Sociedad Interamericana
de
Prensa (SIP) expresó este viernes satisfacción por la decisión de la Fiscalía
General de Colombia de considerar
como crimen de lesa humanidad el
asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza, que ocurrió en 1986.

La
SIP exhortó en un comunicado a las autoridades a adoptar la
misma disposición en crímenes perpetrados contra otros periodistas
"que permanecen impunes".

"Nos complace la decisión, pero nos
preguntamos si ese mismo
razonamiento podría aplicarse a otros crímenes de la época que
también fueron cometidos por los mismos autores y por iguales
circunstancias de acallar las voces críticas", dijo el presidente de
la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector de Diario de Las Américas, de
Miami (EE.UU.).

La Fiscalía General dictaminó el pasado 2 de
julio que el
asesinato de Cano, director del periódico El Espectador, "tiene el
carácter de delito de lesa humanidad", una medida que permite que el
crimen no prescriba, al estimar que "se trató de un plan sistemático
de parte del cartel (de las drogas) de Medellín, (que era) liderado
por el narcotraficante Pablo Escobar".

El dictamen evitará que la
acción judicial interpuesta contra los
"asesinos se extinga o acabe luego de 20 años, según lo contemplado
en la legislación penal de Colombia".

Tras
el crimen de Cano, entre otras acciones violentas, fue
asesinado el abogado de la familia, así como jueces y fiscales; dos
de sus hijos tuvieron que abandonar el país, y la sede de El
Espectador en Bogotá sufrió un atentado con explosivos, según la
organización.

La SIP elevó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH) en 1997 el caso con las investigaciones periodísticas que se
realizaron respecto al asesinato de Cano, ocurrido el 17 de
diciembre de 1986, en Bogotá.

Cano circulaba en su camioneta por
una avenida capitalina cuando
dos sicarios que viajaban en una motocicleta se acercaron al
vehículo y uno de ellos le disparó a quemarropa, según la SIP.

En
octubre de 1995 Luis Carlos Molina Yepes, socio de Pablo
Escobar, fue sentenciado en ausencia a 16 años y 6 meses en prisión.

Mientras
que las autoridades arrestaron en febrero de 1997 al
"único condenado por el crimen de Cano, quien en septiembre de 2004
recuperó su libertad luego de cumplir solo seis años de prisión,
tres quintas partes de la pena".

Por otra parte, la SIP manifestó
su beneplácito por el anuncio la
semana pasada del fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago,
de ordenar la detención preventiva del ex subdirector del
Departamento Administrativo de Seguridad del Estado (DAS), José
Miguel Narváez, "como presunto instigador del asesinato de Jaime
Garzón en 1999".

El presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información
de la SIP, Robert Rivard, director editorial del San Antonio
Express-News, en Texas, dijo: "Saludamos la decisión de la Fiscalía
que apunta hacia el esclarecimiento del asesinato de Garzón, y de
alguna manera brindará consuelo a sus familiares y colegas, y envía
un mensaje a los violentos de que sus crímenes no quedarán impunes".

Mendoza
Diago explicó que la medida fue adoptada tras las
declaraciones de varios ex jefes paramilitares, entre ellos Jorge
Iván Laverde, alias "El iguano", quien sostuvo que "el ex
funcionario instigó al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil a
perpetrar el homicidio".

El también ex líder paramilitar, Diego
Fernando Murillo, alias
"Don Berna", ratificó a la Fiscalía que "Castaño ordenó matar a
Garzón y que, para llevar a cabo el plan "utilizó a sicarios de la
banda criminal 'La Terraza' de Medellín".

Narváez, subdirector de
inteligencia en 2005, está detenido por
su presunta responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones
telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos
opositores, según la SIP.

Garzón, periodista y comentarista de la
emisora Radionet, de
Bogotá, y humorista, fue asesinado en Bogotá el 13 de agosto de
1999.