A tan sólo días de suspender sus medidas de separación de familias inmigrantes detenidas en la frontera, el presidente Donald Trump ha vuelto a la carga con su mensaje de campaña más exitoso hasta el momento: mano dura y deportación.

El día domingo, el presidente atacó al sistema judicial a través de Twitter asegurando que “no podemos permitir que estas personas invadan nuestro país”, escribió mientras se dirigía a jugar golf en Virginia. “Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos en la corte, devolverles por donde vinieron”.

Los comentarios presidenciales hacen eco de la nueva política de “tolerancia cero” implementada por el Fiscal General Jeff Sessions y que pareciera haber dado carta abierta al gobierno para sancionar a la comunidad inmigrante e intentar sortear los impedimentos constitucionales a la violación de derechos humanos.

A pesar de la gran oleada de protestas surgida como consecuencia de los más de 2.000 niños separados de su familia al ingresar al país sin documentos, Trump insiste en mantener una retórica que satisfaga a sus seguidores, en especial en miras a las elecciones de mitad de período.

En vez de conciliar, el presidente ha preferido irse “a la ofensiva”, según explica el New York Times. El presidente se habría “quejado a sus asesores sobre por qué no podía simplemente crear una orden ejecutiva general para resolver el problema”, continúa el medio. “Los asistentes han tenido que explicarle al presidente por qué una reforma exhaustiva de inmigración está fuera del alcance de sus poderes ejecutivos”.

Y es que el complejo napoelónico del presidente estadounidense supera su conocimiento del estado de derecho.

Así pues, agregó a su hilo en Twitter que “nuestro sistema es una burla a la buena política de inmigración y a la Ley y el Orden. Nuestra política de inmigración, que es la burla del mundo entero, es muy injusta para todas las personas que han pasado por el sistema legalmente y están esperando en cola durante años. La inmigración debe basarse en el mérito”.

Pero en Estados Unidos, el sistema legal no es tan sencillo.

Si bien han existido casos de detención de inmigrantes donde no se ha otorgado el derecho al justo proceso judicial, según explicó el profesor de derecho de la NYU Adam Cox al Times, las 5ta y 14va enmiendas de la Constitución aseguran el derecho a este requerimiento a cualquier persona, incluyendo las personas indocumentadas o mal llamadas “ilegales”.

La 5ta enmienda de la Constitución de Los Estados Unidos reza: “Ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o infame, a menos que se presente o se acuse a un Gran Jurado, excepto en casos que surjan en la tierra o fuerzas navales, o en la Milicia, cuando esté en servicio real en el tiempo de Guerra o peligro público; ni ninguna persona será sujeta por el mismo delito a ser puesta en peligro dos veces de la vida o la integridad física; ni será obligado en ningún caso penal a ser testigo contra sí mismo, ni a ser privado de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal. Tampoco se tomará propiedad privada para uso público, sin una compensación justa.”

Aunque la Constitución es bastante clara, la Administración Trump ha intentado desde su instauración “sortear” o “modificar” ciertos estatutos que permitan acelerar el proceso de deportación, argumentando la saturación de las cortes judiciales y de los centros de detención.

Durante la implementación de la política de “tolerancia cero”, el gobierno desestimó el decreto de 1997 conocido como el Acuerdo Flores, que prohibía la detención de familias inmigrantes por más de 20 días consecutivos.

Asimismo, han intentado “expandir los términos” de un estatuto de 1996 que “permite a los funcionarios de inmigración deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados así como a aquellos cuya documentación se sospeche de ser fraudulenta”, continúa el Times.

Durante el pasado mes de abril, Sessions dio luz verde a un procedimiento de “presión” sobre los jueces de inmigración “a través de la evaluación por cuotas” de su rendimiento a la hora de deportar inmigrantes.

Si bien el documento aseguraba “respetar el debido proceso”, la intención del Fiscal General es la de acelerar la resolución de mas de 600.000 casos acumulados en la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria y, en consecuencia, establecer un procedimiento veloz de deportación.