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Se entregan "cerebros" de asesinato de Rosenberg (Actualización)

Los hermanos Valdés Paiz, supuestos autores intelectuales del asesinato del abogado guatemalteco se entregaron a la Justicia.

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Francisco José Valdés Paiz, que junto a su hermano José Estuardo, son
los supuestos autores intelectuales del asesinato del abogado
guatemalteco Rodrigo Rosenberg.

Los hermanos Francisco José y José
Estuardo Valdés Paiz, supuestos autores intelectuales del asesinato
del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, se entregaron este lunes a la
Justicia en un acto que para el Gobierno de Álvaro Colom permitirá a
los tribunales esclarecer definitivamente el caso.

Un portavoz de
la Presidencia dijo que "ahora que al
parecer están todas las piezas del rompecabezas" corresponde a la
Justicia esclarecer este asesinato que conmocionó a la sociedad
guatemalteca.

Los hermanos Valdés, prestigiosos empresarios de la
industria
farmacéutica local, e íntimos amigos de Rosenberg, son acusados por
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)
de haber contratado al grupo de sicarios que el 10 de mayo de 2009
asesinó al abogado en un barrio residencial del sur de la capital.

La muerte de Rosenberg desató un escándalo político nunca antes visto en este país centroamericano y puso en vilo al Gobierno de Colom al divulgarse un vídeo grabado por el jurista antes de su crimen, en el que acusó de su muerte al mandatario, su esposa Sandra Torres, y el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, entre otros.

Tras una ardua investigación de más de ocho meses en
la que
participaron 300 especialistas de once nacionalidades, la Cicig
exculpó a la pareja presidencial y a Alejos de este crimen, y
concluyó que fue el mismo Rosenberg "agobiado por "una situación
anímica muy peculiar" quien planificó su propio asesinato.

El
jurista español Carlos Castresana, jefe interino de la Cicig
desde que renunció a principios de junio, dijo hoy en una rueda de
prensa que los Valdés, que se encontraban prófugos de la justicia
desde diciembre pasado, "se presentaron de forma voluntaria" a esa
entidad, y que de inmediato fueron puestos a disposición de los
tribunales.

Bajo fuertes medidas de seguridad, los imputados
comparecieron
ante la responsable del juzgado décimo de Primera Instancia Penal,
Verónica Galicia, pero se abstuvieron de declarar sobre los cargos
de asesinato y asociación delictiva de los que les acusa.

Según Galicia, los abogados de los Valdés pidieron tiempo para estudiar el voluminoso expediente de la investigación, por lo que reprogramó la audiencia para el próximo lunes, y ordenó el traslado de los detenidos a una base militar de esta capital en donde guardarán prisión preventiva.

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La decisión de Galicia se basa en
un acuerdo interinstitucional
que entró en vigor la semana pasada y establece que los reos que a
criterio de un juez sean considerados "vulnerables" o cuya
integridad física corra peligro serán llevados a una base o sede
militar de la capital guatemalteca bajo el resguardo del Ejército.

La
entrega de los Valdés se produjo al mismo tiempo que en la
Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia se iniciaba el juicio
en contra de los nueve autores materiales del asesinato de
Rosenberg, entre los que se cuentan cuatro ex agentes de la Policía
Nacional Civil y un ex militar, un juicio cuya celebración ha estado
bajo el secreto procesal.

Los imputados que, según la Cicig
integraban una banda de
sicarios, tráfico de drogas, secuestros, asaltos y extorsiones, y
que fueron capturados en septiembre del año pasado, enfrentan los
delitos de asesinato, asociación para delinquir y uso ilegal de
armas de fuego.

Otros dos integrantes de esa banda, que también
participaron en
el crimen de Rosenberg, fueron absueltos hace dos meses tras
acogerse a la figura de "colaborador eficaz", a cambio de informar
sobre los detalles del asesinato.

Se prevé que el juicio, al que
han sido convocados más de 30
testigos y expertos, se extienda durante varias semanas, y que la
información del mismo, así como del proceso en contra de los Valdés,
sea limitada a la prensa debido a que a petición de la Cicig la
jueza Galicia ha decretado "reserva judicial".

Con relación a
este caso también guardan prisión desde el pasado
9 de junio el empresario Juan Miguel Fuxet, y el comunicador Rodolfo
Ibarra, a quienes la Cicig acusa de orquestar una "campaña
mediática" para desprestigiar la imagen de la comisión y de
Castresana, y desvirtuar la investigación criminal en contra de los
Valdés.

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