La caridad comienza por casa pero algunas organizaciones humanitarias del área de Houston (Texas) han decidido que, antes de repartir juguetes y otras ayudas a niños pobres en esta Navidad, les pedirán prueba de residencia legal.

Tanto Outreach Program, vinculado con el departamento de bomberos de esa ciudad tejana, como Salvation Army, han desatado una tormenta mediática después de que inicialmente anunciaran, a finales del mes pasado, que revisarían primero los documentos de quienes acudieran a buscar donaciones.

Esa actitud de "sólo para americanos", aseguran defensores de la comunidad inmigrante, se la pueden esperar de grupos que perennemente y con cualquier excusa atacan a los extranjeros, repitiendo su retahíla de quejas de que éstos son una carga pública.

Pero no de agrupaciones que se supone existen para ayudar a los marginados, y tampoco es tolerable que castiguen a los niños por las decisiones de sus padres de emigrar ilegalmente a Estados Unidos, agregan los activistas.

La noticia, que originalmente reportó el diario "The Houston Chronicle", se ha regado como pólvora y ahora Outreach y Salvation Army insisten en que sus palabras fueron mal interpretadas.

Para aplacar las críticas, el subjefe de bomberos de Houston, Rick Flanagan, ha reafirmado que Outreach no rechazará a quienes no tengan cédula de identidad o no puedan comprobar su estatus migratorio el próximo 23 de diciembre, cuando se repartirán juguetes.

El departamento de bomberos señala que cada organización caritativa con las que trabaja establece sus propias políticas para la distribución de ayuda.

Por su parte, Salvation Army, un agrupación cristiana, ha explicado que si pide documentos con el Seguro Social es simplemente para evitar el fraude y de ninguna manera lo hace para discriminar contra los inmigrantes.

Salvation Army asegura que no le corresponden las tareas de inmigración -eso recae sobre el Gobierno federal- pero teme que habría caos y "abusos" si no pone en marcha algún sistema para una inscripción ordenada en sus programas de donaciones.

En el caso de Salvation Army, las familias deben también presentar verificación de sus salarios porque su programa está pensado para personas que perciben salarios por debajo de la línea federal de pobreza.

Ese parámetro, que muchas instituciones y agencias utilizan para determinar quienes pueden acceder a programas de asistencia social, se ubica este año en 22.050 dólares para una familia de cuatro personas.

Otras instituciones, como Catholic Charities, asociada con la Iglesia Católica, no piden ni "papeles" ni prueba de ingreso.

Claro está, para mantener un control sobre cuántos y a quiénes ayudan cada año, sí pide cédula de identidad y acta de nacimiento, para constatar el número de niños que dice tener cada solicitante.

Falta ver si las explicaciones de las autoridades de Outreach y Salvation Army frenarán las críticas que ahora, al parecer, empañan su imagen.

De lo contrario, correrían el riesgo de que los niños indocumentados comiencen a creer que Santa Claus les discrimina por no tener "papeles".