Donald Trump debería reconocer que medidas como los muros no resolvieron el problema de la inmigración. Por qué insistir en este tipo de medidas (Foto de archivo AFP).
Donald Trump debería reconocer que medidas como los muros no resolvieron el problema de la inmigración. Por qué insistir en este tipo de medidas (Foto de archivo AFP).

Empezaron las redadas para cazar inmigrantes ilegales. ¿Nace una estrategia fallida?

La Administración Trump informó que comenzó a cumplir su promesa de campaña de combatir la inmigración ilegal. La estrategia ya muestra grietas.

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El gobierno de Donald Trump ha comenzado su segundo mandato con una estrategia agresiva enfocada en las deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular. En lo que se ha descrito como la "mayor operación masiva de deportación en la historia", las autoridades estadounidenses arrestaron a 538 personas y expulsaron a cientos en pocos días. Según declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, estas deportaciones se llevaron a cabo utilizando aviones militares.

Trump prometió durante su campaña presidencial tomar medidas drásticas contra la inmigración irregular. Tras asumir la presidencia, declaró un estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó varios decretos migratorios, entre los que se incluyen el restablecimiento de la política "Quédate en México". Este programa obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se procesan sus solicitudes. También puso fin a un programa de la administración anterior destinado a facilitar vías legales para quienes huyen de la violencia y la persecución política.

Además, el mandatario suspendió temporalmente las llegadas de refugiados y emitió una orden ejecutiva para restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución. Estas decisiones han generado reacciones mixtas, tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional. Mientras algunos sectores aplauden la mano dura del presidente, otros critican estas medidas como violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

Cabe otra pregunta: ¿Trump está utilizando la estrategia adecuada para resolver el problema de la migración irregular? La respuesta tal vez no les guste a sus seguidores. La estrategia empezó mal, porque ya un juez federal bloqueó su orden ejecutiva de eliminar la nacionalidad por nacimiento a hijos de inmigrantes ilegales. La razón es simple: la orden de Trump viola la constitución.

Frente a las deportaciones masivas no solo hay dudas sobre el impacto en los derechos de los migrantes ilegales, sino algo más práctico: las cifras. Si se mantiene el ritmo actual de deportaciones —alrededor de 600 personas al día en el mejor de los casos—, el gobierno de Trump no alcanzará la cifra de un millón de deportaciones durante su mandato. Esto deja un interrogante sobre qué sucederá con los más de 11 millones de inmigrantes que, según estimaciones, viven en Estados Unidos sin documentos.

Históricamente, las deportaciones masivas no han resuelto los desafíos estructurales de la inmigración. Estas operaciones suelen centrarse en una cantidad limitada de personas y generan un efecto de satisfacción entra parte del electorado y temor en las comunidades migrantes. Sin embargo, no abordan las causas subyacentes que impulsan la migración. Factores como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en los países de origen continúan siendo motores clave de la inmigración hacia Estados Unidos.

Otra crítica recurrente a las estrategias de mano dura es su impacto en los derechos humanos y las libertades civiles. Organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han recordado que el derecho a buscar asilo está protegido por leyes internacionales. La criminalización de los migrantes, junto con allanamientos y detenciones sin orden judicial, genera un clima de tensión y divisiones sociales.

En este contexto, surgen preguntas sobre alternativas viables a las deportaciones masivas. Una de las estrategias más discutidas es la reforma migratoria integral, que abordaría tanto la seguridad fronteriza como la creación de caminos legales hacia la regularización de millones de inmigrantes. Estas reformas suelen incluir controles más estrictos en las fronteras, programas de trabajo temporal y mecanismos para que los inmigrantes que cumplen ciertos requisitos puedan obtener residencia legal.

Otra alternativa es invertir en el desarrollo económico y social de los países de origen. Los programas de cooperación internacional pueden ayudar a reducir los factores que impulsan la migración al ofrecer alternativas viables para las personas en sus lugares de origen. Aunque estas medidas requieren inversiones significativas y resultados a largo plazo, tienen el potencial de abordar el problema de manera más sostenible.

La estrategia actual también ha reavivado el debate sobre el papel de las ciudades santuario. Estas ciudades han adoptado políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Los defensores argumentan que estas políticas promueven la confianza entre las comunidades migrantes y las fuerzas del orden locales, mientras que los detractores las consideran un obstáculo para el cumplimiento de las leyes migratorias.

El gobierno de Trump enfrenta una tarea compleja. Si bien la mano dura puede generar resultados inmediatos y satisfacer a ciertos sectores de su base política, no soluciona los problemas estructurales de la inmigración. La falta de una estrategia integral podría perpetuar el círculo de migración irregular, deportaciones y polarización social.

El futuro de la política migratoria en Estados Unidos depende de un equilibrio entre la seguridad, los derechos humanos y las realidades económicas. La experiencia demuestra que ninguna estrategia basada exclusivamente en la fuerza puede resolver un problema tan complejo. La solución requiere un enfoque multidimensional que aborde tanto las causas como las consecuencias de la migración.

Con información de AFP