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Ratifican condenas de policías venezolanos

Los policías fueron condenados por su responsabilidad en dos de las muertes que precedieron al golpe de Estado contra Chavez.  

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El tribunal de apelaciones del estado
Aragua ratificó este lunes las condenas a 30 años de prisión a tres jefes y
a dos agentes de la Policía de Caracas por su responsabilidad en dos
de las muertes que precedieron al golpe de Estado de 2002 contra el
presidente Hugo Chavez.

La Fiscalía de Venezuela indicó a través de una nota informativa
que la ratificación de las condenas demuestra "su responsabilidad
penal en las muertes de dos ciudadanos y las heridas y lesiones
sufridas por otras personas".

Los condenados a 30 años son Iván Simonovis, Lázaro Forero y
Henry Vivas, jefes entonces de la Policía Metropolitana (PM), y dos
agentes de ese cuerpo, mientras que otros cuatro agentes recibieron
penas de entre 17 y 3 años, y dos fueron absueltos.

José Tamayo, abogado de los policías, indicó que apelarán la
ratificación de la sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.

También reveló que Simonovis, Forero y Vivas fueron llevados y
retirados del tribunal en helicóptero sin que la defensa haya sido
informada de los traslados.

La Fiscalía recordó que "el juicio oral y público duró poco más
de tres años" y aseguró que "presentó las pruebas técnicas,
documentales y testimoniales que sustentaron la acusación contra los
funcionarios".

Añadió que fueron determinantes "las pruebas de trayectorias
balística e intraorgánica, de planimetría, vídeos, fotografías y se
confirmó el testimonio de las víctimas sobrevivientes al cotejarse
con las grabaciones".

Las dos muertes por las que han sido condenados los policías
ocurrieron el 11 de abril de 2002 cuando manifestantes que se
dirigían a la sede del Gobierno para pedir la salida de Chávez
fueron atacados por francotiradores.

Esas muertes, más otras 17 registradas ese día, sirvieron para
que el alto mando militar justificase su desconocimiento de la
autoridad de Chávez en un vídeo que fue grabado antes de que los
francotiradores comenzasen a disparar.

Esa circunstancia es presentada como prueba de que el golpe se
organizó con la participación de dirigentes de oposición, militares
y fuerzas de seguridad.

Los tres comisarios condenados estaban a la orden del entonces
alcalde de Caracas, Alfredo Peña, actualmente prófugo de la
Justicia, presumiblemente en Estados Unidos.

Los acusados son considerados por sus familiares y por la
oposición como "presos políticos".

En enero de 2008, la defensa de los policías abogó por ellos ante
las embajadas de Argentina, Costa Rica, El Salvador y México en
Caracas.

Los embajadores de estos cuatro países firmaron "como testigos de
honor", en diciembre de 2004, un documento en el que la Fiscalía se
comprometió a respetar los derechos judiciales de esos policías,
después de que el Gobierno salvadoreño les negó el asilo político
que solicitaron tras entrar en su sede diplomática en Caracas.

 

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