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PE pide la liberación de jueza venezolana encarcelada

El pleno del Parlamento Europeo considera su encarcelamiento "un ataque a la independencia judicial".  

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Mayo 17, 2022

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El pleno del Parlamento Europeo (PE)
aprobó hoy una resolución en la que solicita la liberación de la
jueza María Lourdes Afiuni y considera su encarcelamiento "un ataque
a la independencia judicial", una afirmación que el Gobierno
venezolano asegura que tiene intenciones "electoralistas".

Afiuni
ingresó en prisión en 2009 después de conceder la libertad
condicional de manera supuestamente irregular al empresario Eligio
Cedeño, que se encontraba en detención preventiva desde 2007 acusado
de estafa.

La resolución, promovida por los partidos de
centroderecha, fue
aprobada en Estrasburgo (noreste de Francia) por 46 votos a favor,
20 en contra y una abstención, en una votación marcada por la
ausencia de la mayor parte de los 736 eurodiputados que integran la
Eurocámara, lo que para el Ejecutivo venezolano deslegitima su
validez.

"La resolución no tiene ninguna legitimidad", señaló en
una
conversación con Efe el embajador venezolano en Bélgica y ante la
UE, Antonio García, quien aseguró que se trata de una maniobra
impulsada sobre todo por el Partido Popular (PP) español y cargada
de "intencionalidad política y electoralista" de cara a los comicios
del próximo 26 septiembre en Venezuela.

Los grupos del centro y derecha de la Eurocámara opinaron que el arresto de la magistrada constituye una "violación de los derechos personales básicos y una amenaza muy seria a la independencia judicial, un pilar básico del Estado de derecho".

Asimismo,
condenaron las declaraciones que realizó el presidente
del país, Hugo Chávez, sobre Afiuni en un discurso televisado en el
que se refirió a ella como una "bandida" y pidió a la fiscal general
que aplicara la pena máxima.

Los eurodiputados también
manifestaron su preocupación por las
condiciones de reclusión de la jueza, ya que está en riesgo su
"integridad física y psicológica", y recordaron que la magistrada
concedió la libertad a Eligio Cedeño "actuando de conformidad con la
legislación venezolana".

En este contexto, pidieron al Gobierno
de Venezuela que se
comprometa con los valores del Estado de derecho y facilite un
proceso justo, rápido y con todas las garantías jurídicas necesarias
para Afiuni.

De cara a los comicios de septiembre, la resolución
insta al
Ejecutivo de Chávez a que respete la democracia y la libertad de
expresión, reunión, asociación y elección, así como a que invite a
la Unión Europea y a organismos internacionales a actuar como
observadores en dichas elecciones.

El popular español Santiago Fisas dijo, en el debate del texto, que no se trata de un caso aislado, sino que demuestra "la deriva autocrática y autoritaria de un régimen que, bajo la apariencia de elecciones democráticas, cierra los medios de comunicación adversos, ordena confiscaciones y arresta a los adversarios políticos, contraviniendo el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho".

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"Los derechos humanos son la piedra angular del proceso
político
en Venezuela", sostuvo su embajador en referencia a estas
acusaciones y garantizó que en su país "hay plena independencia y
autonomía de los poderes públicos".

También negó que la
magistrada haya sido objeto de "insultos,
amenazas y agresiones verbales y físicas", como afirma la
resolución, y aseguró que en Venezuela se respetan los derechos de
los procesados.

El eurodiputado de ICV Raúl Romeva, por su parte,
dijo que está
de acuerdo con que se exija el cumplimiento de las garantías
judiciales de cualquier proceso, pero aseguró que, al aprobar esta
resolución, se "está utilizando un caso particular para
desprestigiar toda una política" y "hacer campaña hacia la
oposición" en Venezuela.

En paralelo a esta resolución, pactada
por el grupo del Partido
Popular Europeo (PPE, el mayor del hemiciclo), el Liberal, el de los
Conservadores y Reformistas y el de los euroescépticos, se
formularon otras propuestas que finalmente no fueron aprobadas.

En
concreto, el grupo Socialista -segundo de la cámara- y el
Verde presentaron otros textos en los que expresaban su preocupación
por la detención de la jueza y pedían a Chávez que garantice el
respeto al Estado de derecho.

La Izquierda Unitaria Europea
(GUE), por otro lado, defendió la
actuación del Ejecutivo venezolano y reafirmó su respeto por la
independencia de las instituciones del país.

En los últimos años,
el PE ya ha censurado en varias ocasiones al
Gobierno de Chávez por esta vía, como hizo el pasado mes de febrero
cuando aprobó así un texto crítico con el cierre del canal de
televisión RCTVI

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